El Gobierno amenaza por escrito a la Junta de Castilla y León enviando un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que se abstenga de aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo.
El Ejecutivo ha anunciado un requerimiento en un comunicado ante unos protocolos que en un principio entrerían en vigor este mismo lunes. En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido por la comunidad, el Gobierno no descarta acudir a la justicia.
Por su parte, la Junta de Castilla y León defiende su autonomía para aplicar este protocolo a las mujeres embarazadas. El Gobierno de Castilla y León no solo mantiene las medidas, que entrarán en vigor mañana, sino que responde de la misma manera al requerimiento del Gobierno, amenazando con la posibilidad de actuar jurídicamente al entender que se está vulnerando su autonomía y sus competencias.