Aprobada en el Congreso la Ley de Vivienda. El Gobierno traslada a la propiedad privada la responsabilidad de garantizar una vivienda digna a quien lo necesite, obligando a los propietarios a topar los precios y a los que lidien con okupas a demostrar las intenciones de los asaltantes. Tanto una como otra medida se han demostrado frenos para aumentar la oferta de pisos que permitan, por ejemplo a los jóvenes, poder emanciparse, pero claro ¿qué joven piensa en emanciparse? Los menos, porque la tasa de paro en este segmento de la población ha repuntado hasta el 30%. Por ello, si no se soluciona el origen del problema, regular el mercado del alquiler se queda en puro intervencionismo.