Para la familia de la víctima, el cirujano colombiano Edwin Arrieta, es una "sentencia justa". Para el fiscal, también, porque la pena ha tenido en cuenta los tres delitos de los que se le acusaba. Para el acusado, Daniel Sancho, y su familia, solo queda "seguir luchando". Así lo ha dicho el actor Rodolfo Sancho, quien ha dejado ver que habrá recurso para una sentencia de cadena perpetua que a sus ojos parece desproporcionada.
A decir verdad, de los posibles escenarios que se barruntaban durante las últimas semanas, este es casi el peor de todos. Incluso, durante los últimos días parecía que lo más probable era una pena de unos 15 o 20 años. El quid de la cuestión era ver si los jueces dictaminaban que era un homicidio imprudente, en defensa propia, o un asesinato premeditado. Y este último es precisamente a lo que se ha acogido la justicia tailandesa para dictar sentencia. Eso y que se acusa a Daniel Sancho de otros dos delitos: ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena. .
Pese a todo, el destino del español podría haber sido mucho peor. Tailandia es un país conocido por sus estrictas leyes en la que todavía existe la pena de muerte. Una condena que supuestamente había salido de la ecuación, ya que allí el código penal solo impone estas sentencias cuando la víctima es parte del Gobierno o miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Sin embargo, el propio juez del Tribunal Provincial de Samui ha indicado que la condena había sido reducida de pena de muerte a cadena perpetua por la colaboración del acusado.
Ahora la cuestión es... ¿Podrá ver reducidas u pena? Según las leyes tailandesas, una persona condenada a cadena perpetua puede solicitar la revisión de su sentencia después de haber cumplido 10 años, aunque la posibilidad de una reducción depende de varios factores, incluyendo el comportamiento del prisionero y la aprobación real de una conmutación por parte de la monarquía o el sistema judicial.
En casos de buen comportamiento, algunos prisioneros han visto sus sentencias reducidas a 20 o 25 años. Sin embargo, estas reducciones no están garantizadas y dependen de la aprobación de las autoridades pertinentes.