Cuando se representa a la mitad de los jueces y magistrados que hay en España, alguna razón deben tener. Pero cuando falta la otra mitad de los jueces y magistrados en esa carta, alguna razón les debe faltar. Por lo menos, ideológica. Eso significa que la judicatura está ideológicamente dividida.
A un lado, las tres asociaciones que protestan, profesionales y conservadoras. Al otro, Jueces y Juezas por la Democracia, no menos profesional, pero progresista. División de la Justicia, mala credencial para su credibilidad. Pero vamos a la razón: es cierto que hay un empeño de los partidos políticos de mangonear la Justicia. Y es cierto que se impone la mayoría política, que es el gobierno de coalición. Eso prostituye el sistema, y no retiro el verbo prostituir.
El punto débil de la denuncia es que olvida dónde está el origen del conflicto, que es en el Partido Popular. El PP negó su consenso para renovar el Consejo del Poder Judicial, que, según la normativa vigente, requiere mayoría cualificada. Conclusión: responsables, todos. Y respecto a lo que dicen los jueces de horadar el Estado de Derecho, sería verdad si el Consejo se renovase por mayoría simple del Parlamento. De momento, lo que hizo el gobierno fue impedir nombramientos de jueces, un chantaje para doblegar al PP. Eso es paralizar la Justicia, grave decisión. Pero hecho lo que hicieron los 2.500 jueces, que Europa se pronuncie y se pronuncie con rigor. Ya está bien de zarandeo judicial.