El monólogo de Alsina: La política en la Agencia Tributaria

Dices: pues vaya una noticia. Ah, teniendo en cuenta la racha que llevamos, noticia es el día que no cambian a nadie. Lo vienen diciendo el ministro, el secretario de Estado y el director de la Agencia (ayer mismo, en esta casa): ascender y degradar a los cargos intermedios forma parte de la normalidad del funcionamiento de una institución como ésta. De hecho, circula ya una lista de todos los nombramientos y destituciones que se han producido desde el año 2008 cada vez que ha cambiado el responsable de la Agencia Tributaria que acredita, en efecto, que en cuanto cambian al jefe, acaban cambiando los jefes de departamento y los directores regionales. Esto lo exhiben los máximos responsables políticos (ministros, secretarios de Estado, los de ahora y los de antes) como la prueba que los absuelve: nada más natural, dicen, que el efecto dominó en los puestos de responsabilidad de la Agencia cuando hay relevo en la cúpula, ¿no? Es una buena pregunta. Porque si el trabajo de la Agencia Tributaria es recaudar impuestos y perseguir el fraude, uno podría pensar, ingenuamente, que se trata de una labor básicamente técnica (cobrar los tributos, detectar dónde hay fraude, perseguirlo y cobrar lo que corresponde), es decir, aplicar el sistema tributario y aduanero, como dice su carta de presentación, y detectar los incumplimientos. Visto así, de esta forma tan aséptica, tan ajena al color político del inspector, el jefe del inspector y el contribuyente, cabe preguntarse por qué cada cambio de ministro, de secretario de Estado o de director de la Agencia provoca un terremoto en el organigrama.

Y sin embargo, el argumento que emplea en su defensa la cúpula de la agencia, el ministerio, para negar sesgo político en los nombramientos y destituciones es precisamente éste, que lo normal es que cuando cambia el jefe (decisión política) cambien todos. ¿Por qué? Si el director regional de Baleares está haciendo un buen trabajo, trabajo técnico hemos quedado, ¿por qué va a ser normal que lo cambien? Si lo piensan un poco, lo que están diciendo hoy los responsables de la Agencia es: oiga, que esto de ahora no es una purga, que las purgas las hacemos cuando cambiamos al presidente.

Verse en los papeles todos estos días está siendo muy indigesto para una institución que tiene en la confidencialidad y el crédito ciudadano sus dos pilares más necesarios.  En un país en el que se ha disparado la desconfianza hacia los poderes públicos y en el que cunde la idea de que no somos todos iguales (no se nos trata a todos de la misma forma), ver a la Agencia Tributaria salpicada de sospechas sobre tratos de favor o de “desfavor” equivale a “Houston, Houston”, pónganse a reparar urgentemente la avería que esta nave se nos estrella. Todo este tormentón que sacude a la cúpula de la Agencia Tributaria empezó con una información periodística que decía que a Cementos Mexicanos, Cémex, le reclamaba Hacienda una deuda millonaria, que la empresa recurrió, que la inspectora que llevaba el expediente rechazó el recurso y que, por rechazarlo, acabó siendo destituida ella. El ministerio tiene razón cuando dice que oficialmente, por ley, ni siquiera confirmar que ese expediente exista (confidencialidad) y que eso complica mucho el desmentido de informaciones falsas, o inexactas. Sobre todo si el expediente existe, si el recurso existe y si la inspectora también existe y ha sido destituida por su jefe. Hoy ha dicho el ministro de Hacienda que una de las cosas que hay que erradicar son las filtraciones, porque es inadmisible que se publique en prensa la existencia de un expediente. Está el ministerio muy molesto, no tanto por “las filtraciones” como por “esta filtración”, la de Cémex. Filtraciones de otros casos, artistas o famosos a los que Hacienda ha reclamado cantidades elevadas, se han producido sin que nadie, en el ministerio, y hasta la fecha, se haya declarado molesto. Interesante saber quién filtra y con qué intención filtra. Lo de Cémex y lo que no es de Cémex. “No va a haber filtración de expediente alguno”, ha dicho el ministro esta mañana.

E interesante, sin duda, ofrecer este estatuto que establezca qué hay que hacer para progresar profesionalmente en la Agencia Tributaria o qué hay que hacer mal para que te defenestren. Y más aún saber si, conforme a este nuevo estatuto que ahora ofrece el ministro para establecer los criterios objetivos para nombramientos y ascensos (reglas de juego que den seguridad a todos, ha dicho), podrían haberse realizado los nombramientos y destituciones de los últimos veinte años o habrían incumplido este estatuto sanador que ahora se pretende.

Pasado mañana cumple el señor ministro de Hacienda un año. Un año del día en que anunció la difusión de la lista de los mayores defraudadores y morosos, aquella famosa lista negra que se quedó en novela. En ausencia de lista, deslizó de nuevo el ministro una afirmación a la que tiene apego. Ésta que dice “los grandes medios de comunicación tienen una gran deuda con Hacienda; lo sé porque vienen a mi despacho a contarme sus problemas”. Confidencialidad, ya les decía. Se refiere el ministro, claro, a las compañías privadas del sector de la comunicación, los editores que van a verle al ministerio para contarle sus dificultades. Lo cuenta como si estuviera desvelando un episodio oscuro, secreto, perverso, inconfesable. Hombre, las compañías privadas del sector mediático se entiende que tienen el mismo derecho que el resto de las empresas privadas del país a transmitirle al gobierno sus demandas. Como las compañías azucareras, las metalúrgicas, las cementeras o las concesionarias de autopistas. De las que no se recuerda, es verdad, que el ministerio haya pregonado en público cómo de grandes son sus deudas. Nada más natural que el hecho de que las compañías privadas le expongan al gobierno del país sus problemas. Recordemos qué sucede cuando llega una campaña electoral. Los aspirantes, entre ellos muchos que luego llegan a ministros, hacen mítines para su parroquia más devota y esto otro que llaman “actos sectoriales” que consiste en reunirse con colectivos sociales, económicos o profesionales. ¿Para qué? Ah, para conocer sus problemas, apuntar sus necesidades y prometer que, cuando ellos gobiernen, atenderán todas esas demandas porque el interés de esos colectivos se corresponde con el interés general de España. El candidato de turno se cita con los autónomos y les dice: “lo que necesitéis”; se cita con los empresarios y les dice “mi puerta siempre estará abierta”. Luego, cuando le hacen ministro, parece que considera muy meritorio mantenerla así, abierta.

Qué puede tener de raro que las grandes compañías le trasladen sus peticiones al gobierno, si es el mismo gobierno el que identifica la marca España con la salud de nuestras empresas más principales, si es el mismo gobierno que negocia él con Cristina Fernández de Kirchner la compensación para Repsol por YPF, el que busca clientes para el astillero Barreras o el que presenta como mérito propio que

Bill Gates entre en el capital de Fomento de Construcciones y Contratas. Mientras el interés general del país coincida con el interés de una compañía privada –mientras atender el interés de una empresa no perjudique el interés general o incurra en discriminación o trato de favor-- qué problema hay en tenerlo presente.

Lo peculiar de las empresas de comunicación, comparadas con las que fabrican coches, las distribuidoras de alimentos o las cementeras, es que tienen, claro, medios de comunicación cuya tarea es el periodismo. Y tan censurable es que un medio distorsione la realidad para perjudicar al gobierno por no atender sus peticiones (esto equivaldría a prostituir el ejercicio periodístico) como que el gobierno de turno reclame, a cambio de atender esas peticiones (o como peaje por atenderlas) que el medio renuncie a ejercer el periodismo, es decir, que oculte, distorsione o maquille la realidad, a favor de quien está gobernando; no del interés generes del país, sino del interés particular del político que utiliza el poder como silenciador de voces incómodas, impertinentes, críticas.