Monólogo de Alsina: "Meter al TC en la batalla"

A diez de días de la Navidad, se juntan hoy los gobernantes de los países europeos en Bruselas para desearse felices fiestas y ver si ablandan el corazón del alemán Scholz en lo del tope al gas que es la niña de los ojos de nuestro riesgo presidente Sánchez.

Reforma del Código Penal: la antigüalla del pleistoceno que incluía un delito de sedicion

Todos los gobernantes europeos juntos. Seguro que lo primero que harán al ver al nuestro es congratularse de que por fin España tenga un código penal moderno y europeo, homologado, y no esa antigüalla del pleistoceno que incluía un delito de sedicion, qué barbaridad, y castigaba la corrupción como si fuera… corrupción, qué disparate.

Ese dinosaurio penal con el que fueron juzgados, pobrecillos, los sufridos gobernantes catalanes de 2017 a los que no se dejó otro camino que sublevarse contra la Constitución y pagar la embestida con dinero público, la noble embestida delictiva que les llevó a incurrir en una malversación tan encomiable que en lugar de castigo penal lo que merecen es una cesta de navidad del padre Ángel. Qué bien, Pedro, qué bien, le dirán los colegas, que hayas sacado a España del atraso penal.

La europeización de los delitos es una baratija publicitaria de consumo interno

Bueno, no, no va a pasar. Esto de la europeización de los delitos y las penas es una baratija publicitaria de consumo interno que no tiene mayor recorrido fuera. Claro que tampoco va a suceder, en la cumbre europea, lo que desearía la oposición conservadora.

Sus colegas no le van a afear a Sánchez que cambie las normas vigentes para elegir magistrados del Tribunal Constitucional o introduzca sanciones penales para los vocales del Poder Judicial que se demoren en la elección de candidatos. Ni siquiera le van a reprochar que Patxi López ande dando toques de atención a los jueces para que no vayan por donde no deben.

No le van a decir sus colegas a Sánchez ‘se te está poniendo cara de húngaro, Pedro’

No le van a decir sus colegas a Sánchez ‘se te está poniendo cara de húngaro, Pedro’. Resígnse Feijóo porque Europa no equiparando, ni en sueños, al riesgoso Sánchez con los gobiernos de Hungría o de Polonia. Ni nos está urgiendo a cambiar la forma de elegir vocales del Poder Judicial.

En España hace tiempo que Europa se usa como comodín para justificar cada cual sus pretensiones.

Cerrar el año con el Constitucional renovado

Al Gobierno, es un hecho, tener un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora le parece que es un obstáculo para desplegar su acción de Gobierno. No tanto por lo que ha hecho el Constitucional hasta ahora -el mayor disgusto que le dio al Gobierno fue tumbarle los estados de alarma- como por las cuestiones sobre las que tuviera que pronunciarse en el futuro: leyes pendientes de examen o, quién sabe, consultas sobre vaya usted a saber qué en Cataluña.

Al Gobierno tener un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora le parece que es un obstáculo

Cerrar el año con el Constitucional renovado, es decir, con una mayoría más del gusto del Gobierno, es el regalo que el presidente se ha prometido a sí mismo. Se resistían a elegir magistrados los vocales del CGPJ y se resistía el Constitucional a dar la bendición a los dos magistrados que ya ha propuesto el Gobierno (el ex ministro y la ex cargo de confianza de Moncloa).

Sánchez tiró de ingeniería legislativa

De modo que Sánchez tiró de ingeniería legislativa y metió en el saco sin fondo de sus reformas de fin de año el cambio de normas para elegir magistrados. Incluso quienes defienden que la renovación ha de producirse ya recelan del método elegido por el líder supremo. Porque el método consiste en orillar el debate, prescindir del criterio de los órganos consultivos y relegar a los grupos parlamentarios a la condición de actores de reparto. Hágase cuanto antes aunque sea a costa de convertir el procedimiento legislativo en una mascarada.

El método éste del saco sin fondo, que consiste en meter en una reforma del Código Penal otros cambios legislativos que nada tienen que ver con el Código, ha sido cuestionado por los servicios jurídicos del Congreso. Y eso ha dado argumentos al PP para acudir al Consitucional a pedirle que pare el proceso.

Un pleno extraordinario casi inédito

Esto es lo que esta mañana decidirá el Tribunal. Si atiende el recurso del PP y comunica al Congreso que la votación prevista para hoy debe suspenderse. Es poco frecuente que suceda algo así. Los últimos precedentes los tuvimos, seguramente, cuando el procés en el Parlamento Catalán. Cuando los grupos de la oposición denunciaron que sus derechos políticos estaban siendo arrollados por la mayoría absoluta independentista.

Sánchez podrá iniciar 2023 con un Tribunal más de su gusto. Y será entonces cuando empecemos a ver por qué le resultaba tan necesario tener a la mayoría de los magistrados de su parte

Haya o no haya votación hoy, y haya o no haya cambio en la forma de elegir magistrados para el TC, la renovación se va a producir. Es probable que antes de fin de año. Sánchez podrá iniciar 2023 con un Tribunal más de su gusto. Y será entonces cuando empecemos a ver por qué le resultaba tan necesario tener a la mayoría de los magistrados de su parte.

Por qué Sánchez no ha incluido lo que sí prometió

Algún colega europeo podría hacernos el favor de preguntarle hoy a Sánchez, ya que el presidente se deja preguntar aquí bien poco, por qué en este arreón legislativo de fin de año no ha incluido justo lo único que sí prometió incluir cuando se presentó a presidente: la pena de prisión para quien organice un referéndum ilícito. No será que no ha tenido tiempo para hacerlo.

Penalizado no está, como recordó anteayer Oriol Junqueras. Ni lo va a estar, en contra de lo que han venido predicando los portavoces gubernamentales este último año cada vez que se les preguntaba por el abaratamiento de la sedición. El balance legislativo es nítido: se deroga la sedición, se abarata la corrupción y se deja sin penalizar el referéndum. Con razón dice García-Page que todo se entiende perfectamente. Y que pierde el tiempo el gobierno intentando disimular.

Se deroga la sedición, se abarata la corrupción y se deja sin penalizar el referéndum

El enredo sobre el referéndum, qué es consulta, qué no lo es, qué se puede y no se puede preguntar, regresa como el espíritu de las navidades pasadas. Ya volvemos a estar en esa noria, tan del gusto del independentismo porque le permite identificar democracia con urnas y prescindir de la voluntad de todo español que no sea catalán. Salvador Illa no dijo ayer nada que no venga diciendo desde hace meses.

Habrá referéndum, se acabará votando la autodeterminación

El plan del PSC es que haya un referéndum, claro que sí, pero no sobre la independencia sino sobre un nuevo estatuto, o la rehablitación de la parte del Estatut que decayó, o una propuesta de reforma constitucional. Votar, hay que terminar votando algo, predican en el PSC, lo que aún no saben, o no dicen, es qué es eso sobre lo que habrá que votar.

Viendo cómo se maneja Sánchez, y su fijación por retorcer las palabras, comprometerse a una cosa para hacer la contraria y encomendar a sus ingeniosos peones operaciones de ingeniería legal, es lógico que media España sospeche que eso sobre lo que se acabará votando será la autodeterminación sin admitir que lo es.

Volvemos a estar en esa noria, tan del gusto del independentismo porque le permite identificar democracia con urnas y prescindir de la voluntad de todo español que no sea catalán

El no es no que ayer entonó el coro de ministros y asimilados socialistas tiene el valor que tiene. Que es poco tirando a menos. No por nada. Sino porque el peso de la historia reciente convierte las promesas del gobierno en papel para envolver pescado.

Por cierto, ya se ha puesto en circulación una nueva mercancía averiada. Ésta que dice que el PP usó la mayoría conservadora del TC para tumbar el Estatut en 2010 contraviniendo la voluntad democrática del pueblo de Cataluña. Fue el PP quien lo tumbó. Alabado sea Sánchez si lo restablece.

Ya recordamos aquí ayer que ni la mayoría del TC era conservadora en 2010 ni los artículos del Estatut que fueron anulados (una pequeña minoría) generaron demasiadas dudas: el marcador fue de 8-2. A ocho de diez magistrados, progresistas incluidos, les pareció que su inconstitucionalidad era palmaria.