¿Por qué el Poder Judicial está en contra la ley de Libertad Sexual?

A pocos días del 8 de marzo, día de la Mujer, volvemos a hablar el proyecto ley sobre las libertades sexuales propuesto hace un año por la ministra de Igualdad, Irene Montero, por el que se modificaba el Código Penal para que las agresiones y abusos sexuales pasen a ser tipificadas. Carlos Alsina entrevista en Más de uno Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que habla sobre el informe emitido por el órgano del que es miembro.

Juan Manuel Fernández explica que "es una ley integral y transversal" que plantea modificaciones en el Código Penal centradas en dos puntos fundamentales. Por un lado, "suprime la distinción tradicional en el derecho penal español en este ámbito de delitos entre la ley de agresión y el abuso" y a partir de ahora pasan a considerarse todos como agresión.

En cuanto a la segunda novedad, confirma el vocal del CGPJ, "es introducir una definición legal de consentimiento que ha de ocurrir para que se entienda que una relación es libremente consentida por la mujer". Y aunque "obviamente se hace con una buena finalidad", ahí es donde ven los problemas.

¿Cómo prueba que una relación ha sido consentida?

En este segundo cambio de la ley del 'Solo sí es sí' de la ministra Montero, es donde el CGPJ considera que hay más dificultades. Fernandez afirma que "la duda que exponen en el informe es acerca de la necesidad de la definición de consentimiento", porque el problema que se encuentran "no es conceptual, sino probatorio, de probar en cada caso la existencia o no de ese consentimiento".

Por otro lado, Juan Manuel Fernández también sostiene que también tienen alguna "reticencia desde el punto de vista de los derechos constitucionales", en particular, del derecho a la presunción de inocencia. "Soy consciente de que no se ha querido ni rozar, por parte de los autores del anteproyecto esta cuestión, pero que en la exposición de motivos, cuando se habla de esta cuestión se habla de 'reorientar el régimen de valoración de la prueba', entonces es importante que no quede duda que la introducción de este concepto de consentimiento no significa una inversión de la carga de la prueba porque esto seria absolutamente inadmisible", dice.

Además, el vocal recuerda que "toda nuestra regulación ya gira sobre la idea de consentimiento", porque "hace mucho tiempo que se superó la idea de que los ataques tienen que ser con violencia y ahora lo que se exige es que las relaciones tienen que ser consentidas para excluir la penalidad". Y lo compara con la regulación de otros países.

Por ello, Fernández concluye alegando que el CGPJ "es un órgano constitucional del Estado y tiene que moverse con arreglo a los parámetros de imparcialidad, no ideológicos", por lo que este informe se ha realizado "con el fin de contribuir a que las leyes sean lo mejor posibles".