Paloma García de Viedma, abogada: "En Ceuta se están vulnerando los derechos fundamentales de los niños"
Numerosas organizaciones denuncian el incumplimiento de la legislación española por parte del Gobierno, puesto que existe la obligación legal de proteger a todos los menores.
La Audiencia Nacional decidió ayer no paralizar la devolución de menores no acompañados a Marruecos desde Ceuta, al rechazar la suspensión cautelarísima de la medida como reclamaban los denunciantes. Aún así, los magistrados critican al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el modo de proceder a estas repatriaciones porque, aunque Interior sostenía que la responsabilidad era de las autoridades de Ceuta, la Audiencia apunta al Gobierno como responsable, pues fue el Ministerio quien, según el Tribunal, dio la orden “con un oficio escasamente fundado”.
Vulneración de los derechos fundamentales de los niños
Aunque por una razón técnica de procedimiento el auto judicial deniega las cautelares generales de todos los menores de forma indeterminada, sí reconoce que existió una orden expresa del Ministerio del Interior, que el ministro Grande-Marlaska negaba. Además, considera que se tiene que cumplir el procedimiento de la legislación española, lo que "deja en evidencia" que el ministro y la delegación del Gobierno "están haciendo una actuación que no tiene un soporte legal, no han cumplido los procedimientos establecidos y se están vulnerando los derechos fundamentales de los niños", explica Paloma García de Viedma, abogada de la Fundación Raíces en Ceuta.
Numerosas asociaciones y organizaciones han interpuesto varios procedimientos en los que pedían medidas cautelares de suspensión respecto de varios menores. Por ello, el pasado domingo, el juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Ceuta suspendió cautelarmente la expulsión de nueve de los doce niños demandantes, tres de los cuales ya habían sido expulsados con anterioridad.
Obligación legal de proteger a todos los menores
"En nuestro ordenamiento no se contempla la expulsión de los menores en los mismo términos que se contempla para los adultos", sostiene García de Viedma. En el caso de los menores, existe una obligación legal de proteger a todos los menores, que son legales en nuestro país desde el momento que entran; "no existe la irregularidad administrativa de un menor".
Sin embargo, sí se puede iniciar un expediente de repatriación en el que se valora individualmente cuál es su interés superior. Por ello, tiene que haber un procedimiento donde se evalúe con todas las garantías el interés superior del menor mediante asistencia legal y donde el niño pueda expresar su voluntad.