Desde el 14 de noviembre, las familias que contratan a trabajadoras del hogar deben cumplir con un nuevo requisito: contar con un plan de prevención de riesgos laborales accesible vía una plataforma digital. Ana Garrido, de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos, explica que, aunque las medidas son necesarias y de justicia social, la implementación ha estado marcada por problemas técnicos y falta de información, lo que podría tener un efecto contrario a la intención de formalizar y proteger el empleo doméstico.
Garrido subrayó que todas las medidas que buscan mejorar las condiciones laborales en este sector vulnerable son bienvenidas: "Son necesarias y de justicia social". Sin embargo, recordó que la realidad del sector, con una gran economía sumergida, hace imprescindible que estas medidas sean "accesibles, asequibles y estén bien comunicadas para que sean posibles".
De lo contrario, alertó, podrían "desincentivar la contratación, y de alguna manera, cada vez contamos con menos contratos y, por tanto, menos derechos".
Si bien las empleadas del hogar están mejor informadas sobre sus derechos, Garrido señaló que el descenso en la contratación es "escandaloso". Según datos que compartió, actualmente hay unas 348.000 personas dadas de alta en el sector, 23.000 menos que el año pasado y 75.000 menos que en 2018.
Este descenso se da "cuando las familias tienen cada vez más necesidad" por el envejecimiento y la reducción de la conciliación. Para Garrido, la explicación está en la realidad económica que enfrentan las familias y en la dificultad para cumplir nuevas obligaciones que muchas desconocen o encuentran complicadas.
La presidenta de la asociación advirtió que muchas familias, especialmente las más mayores, "no tienen un departamento de recursos humanos" ni conocimientos legales o administrativos para gestionar estas nuevas obligaciones. Además, la plataforma digital puesta en marcha para cumplir con el plan de prevención se ha revelado compleja y poco intuitiva, con fallos que dificultan su uso.
Garrido vinculó la caída en la contratación formal al aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que desde 2018 ha subido un 61%, mientras que los salarios medios y las pensiones no han seguido el mismo ritmo. Esta situación complica que las familias puedan asumir costes laborales más altos, llevando a la reducción de horas contratadas o a buscar alternativas en el empleo no declarado.