El monólogo de las ocho: "El Gobierno que no ha consultado por la amnistía o el rearme pregunta por una operación entre dos entidades privadas"

De todas las formas en que se podía tomar una decisión sobre la OPA del BBVA al Sabadell el Gobierno ha elegido una consulta pública, que es la más disparatada. Ya está redactada incluso la pregunta: "¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?", empieza preguntando el cuestionario habilitado por Economía poco después de las 16:00.

Así que el Gobierno, que no le ha consultado a los ciudadanos por la amnistía o incluso por el rearme, le va a preguntar por una operación financiera entre dos entidades privadas. ¿Por qué no consultó el Gobierno si la SEPI tenía que entrar en Telefónica o si tenía que cesar Álvarez Pallete?

El Gobierno ya tiene un dictamen de la CMNC y los accionistas de los bancos serán consultados como es preceptivo. Si vamos a democracia asamblearia, adelante. Si no habrá que considerar esto como una medida arbitraria del peor intervencionismo. Si no se atreve a tomar una decisión, que se aparte, pero trasladar a los ciudadanos este problema en la forma de plebiscito es la quintaesencia del populismo. Los inversores ya lo comparan con el chalé de Galapagar y una república bananera.

Bueno, pues el ministro Carlos Cuerpo asegura que es "buena práctica" que puede ser extendida a otras operaciones. La infestación populista es realmente grave. Es que estamos en la semana en la que el Gobierno difundió la especie de un sabotaje para justificarse por el caos ferroviario que afectó a miles de personas.

Ahora el Gobierno trata de recular y restarle importancia a su teoría de la conspiración pero esta no ha sido únicamente la precipitación de un ministro lenguaraz. Es que la Moncloa ha difundido un argumentario para que el coro de afines atice la campaña en redes y en los medios. Lo ha publicado The Objective y habla de que "La derecha sabotea a un Gobierno legítimo cada lunes". Esto es sencillamente una locura. Pero una locura peligrosa.

Si este fuera un país que se tomara en serio, hoy tras el Consejo de Ministros comparecería, no ya la portavoz rutinaria, sino el ministro del Interior para presentar las pruebas irrefutables de este terrible sabotaje. Pero eso no ha ocurrido. Más bien lo que se escucharon fueron la trémulas evasivas de la portavoz Alegría.

Aquí hay un problema y es que si la Guardia Civil mañana detiene a cuatro quinquis multirreincidentes, como ocurrió con el caos de las Rodalies en Cataluña, el Gobierno queda como cuando montó aquella campaña de las navajitas.

Pero ha habido una declaración más grave y ha sido pronunciada, cómo no, por el ministro Óscar Puente, que en su huida de las responsabilidades es capaz de llevarse por delante todo. Catenarias y hasta la certidumbre en la seguridad de una infraestructura. En su empeño de buscar excusas ha llegado a donde nadie ha llegado, que es a decir que no se puede garantizar la seguridad de toda la red ferroviaria.

Fuentes de las fuerzas de seguridad son inequívocas. Revelar la vulnerabilidad de una infraestructura de este tipo es una irresponsabilidad que afecta a la seguridad de los ciudadanos. Pero cualquier cosa vale.

Miren, para hacernos cargo de lo que estamos hablando. Hay una línea que separa el vandalismo de un atentado. Este fue el desvelo del juez García Castellón durante la instrucción del caso Tsunami. ¿Se acuerdan? Si se había causado un daño deliberado a una infraestructura crítica del Estado como es un aeropuerto. El Catálogo de infraestructuras críticas del Estado no es público, lo elabora el CNPIC del Ministerio del Interior. Puede que no toda la línea ferroviaria lo sea. Pero hombre, uno entiende que conseguir cortar la línea de AVE entre Madrid y Sevilla afecta a la seguridad de los ciudadanos y hacerlo deliberadamente es algo muy parecido a un atentado.

O sea que jugar con las tipologías con esa alegría para presentarse como una víctima es algo muy serio y revelar, como revela Puente, que no se puede garantizar la seguridad es una perfecta irresponsabilidad.

Hay noticias del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez. Hoy ha imputado al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pero no investiga su labor como delegado del Gobierno sino su implicación como jefe de gabinete de Félix Bolaños en la Moncloa, cuando este era secretario general de Presidencia y la asesora de la esposa del presidente fue contratada. Me hago cargo del lío, pero lo que la decisión sugiere es que el juez ha fijado la mirada en Félix Bolaños. Que hoy es ministro de Justicia, que está aforado y que hoy respondía en los pasillos del Senado a los periodistas.