La activista iraní Ryma Sheermohammadi ha alertado de un endurecimiento de la represión en Irán aprovechando el contexto de guerra, un fenómeno que en ciencia política se conoce como "oportunidad de autoridad". Según ha explicado en La Brújula, este concepto describe cómo los gobiernos utilizan momentos de crisis, como guerras o pandemias, para ampliar su poder, restringir libertades y eliminar la oposición bajo argumentos como la seguridad nacional.
Asegura que el régimen iraní atravesaba una situación de fuerte desgaste interno marcada por la inflación, la corrupción y el descontento de una generación joven que ya no cree en el sistema político. Sin embargo, la guerra ha desplazado esos problemas. "De repente, el debate ya no es por qué no puedo llegar a fin de mes, sino que van a bombardear mi ciudad". A su juicio, "la guerra le hizo a la República Islámica el trabajo sucio que no podía hacer en paz".
La guerra le hizo a la República Islámica el trabajo sucio que no podía hacer en paz
Como ejemplo de esta deriva represiva, el director del programa, Rafa Latorre, aprovechó para recordar la reciente condena a 74 latigazos contra una cantante por actuar sin velo en YouTube. Para la activista, este tipo de decisiones buscan lanzar un mensaje claro: el coste de disentir puede ser extremo.
Y es que, lo cierto es que conviene recordar que la represión no se limita a casos individuales. Durante el conflicto, al menos 38 presos políticos han sido ejecutados y unas 6.500 personas han sido detenidas, según datos de organizaciones de derechos humanos citados en la entrevista. Sheermohammadi asegura que estas acciones no son aleatorias, sino que se producen cuando la atención internacional está centrada en la guerra, lo que reduce la presión exterior.
Respecto al resultado del conflicto, la activista apunta que ha sido el contrario al prometido por algunos actores internacionales: lejos de debilitar al régimen, lo ha reforzado. Sheermohammadi insiste en que ni los derechos humanos ni la situación de los ciudadanos iraníes han sido prioritarios en los acuerdos recientes, lo que evidencia que los intereses en juego van más allá de la población afectada.