El 21 de junio España salió del Estado de Alarma, una herramienta jurídica excepcional que se aprobó, con mucho tira y afloja parlamentario -hasta en seis ocasiones en otras tantas prórrogas-.
Un mes después, con más de 120 rebrotes del virus por toda España y la certeza de que existe transmisión comunitaria –es decir, descontrolada- en zonas como la del Segrià, en Lleida, nos encontramos sumidos en un lío sanitario judicial sobre quién, cómo y cuándo puede ordenar de nuevo el confinamiento de la población.
La Generalitat lo intentó este fin de semana, pero su plan fue tumbado a las pocas horas por la juez de guardia del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida.
Ahora Quim Torra ha aprobado un decreto ley que modifica la Ley Catalana de Salud Pública de 2009, pero sigue existiendo controversia sobre si las autonomías tienen competencia para ordenar el confinamiento domiciliario de la población.
Y parece que Torra, aunque tenga en su comunidad una situación sanitaria preocupante, no está dispuesto a pedir al Estado un Estado de Alarma circunscrito a Cataluña. ¡Cómo va a reconocer él que su Gobierno no tiene competencias para hacerlo!
Es curioso que a la seguridad jurídica, fundamental en un Estado de Derecho, él la describa como "asuntos burocráticos".
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