Todo sobre la nueva regularización masiva de migrantes: requisitos, plazos y qué pasa si hay antecedentes penales

El Consejo de Ministros ha aprobado la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento. "Vamos a seguir trabajando en estas horas con la idea de que pueda aprobarse en el Consejo de Ministros", aseguraba Félix Bolaños antes del encuentro de los ministros en Moncloa.

El real decreto se encontraba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos. Con este procedimiento, el Ejecutivo retomó el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos, salvo Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

Sánchez defiende la regularización de migrantes: "España, un país mejor"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado una carta a la ciudadanía en su cuenta de X en la que celebra que el Gobierno vaya a aprobar este plan de regularización que califica como un acto de justicia pero también de necesidad para España. En el escrito, Sánchez asegura que se trata, ante todo, de un acto de "normalización", al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles y construyen una "España rica, abierta y diversa".

Pero también se trata, como señala el dirigente, de un acto de justicia con el pasado migrante de España y "una necesidad" para el país, ya que este, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos sufren. De hecho, subraya que es también gracias al dinamismo de las personas migrantes que la economía española es hoy la que más crece en el Europa y la que más oportunidades de empleo crea, tanto para los que vienen de fuera como para los que nacieron aquí.

Qué supone la regularización de migrantes: puntos clave del decreto del Consejo de Ministros

El texto ha pasado por varios borradores y ha estado sujeto a cambios hasta el último momento, como los llevados a cabo a raíz del dictamen del Consejo de Estado.

Plazos de las solicitudes

La medida se dirige, por un lado, a todos los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, denegada o no. Respecto a los migrantes económicos, se va a aplicar a los que lleven en España desde el 31 de julio, es decir, que demuestren un mínimo de cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud -un procedimiento que se prevé que no exceda más de 15 días desde la petición- las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.

Qué pasa si hay antecedentes penales

Otro de los aspectos clave del procedimiento es no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. Aunque el dictamen del Consejo de Estado avaló la medida por su potencial integrador y los beneficios que supondrá para el conjunto del país, también hizo algunas observaciones para mejorar el texto, una de ellas sobre la flexibilidad que ofrece para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

El borrador recogía que, de forma excepcional, si un potencial beneficiario no consigue su certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, lo podrá recabar el Gobierno de España y, si este no lo consigue en otro mes, bastará con aportar una declaración responsable del interesado.

Sin embargo, el órgano consultivo advirtió que la fórmula de la declaración responsable resulta "inadecuada" para un proceso que afectará a un número muy elevado de personas y permite "relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso".

Compatibilidad con la solicitud de asilo

Otro aspecto cuestionado por el Consejo de Estado fue el hecho de que, según el texto del Gobierno, cuando un solicitante de asilo pida la regularización, su procedimiento de protección internacional quedará suspendido, algo que el órgano consultivo ha desaconsejado.

El dictamen también dedicó una de sus observaciones a las personas solicitantes del estatus de apátrida, a los que sugiere dejar fuera del proceso.

Situación de vulnerabilidad del solicitante

Y recomendó endurecer la exigencia de aportar un informe emitido por entidades sociales para demostrar que la persona interesada en beneficiarse de la medida se encuentra en una situación de vulnerabilidad, eliminando la presunción que el Gobierno establecía en el borrador de que todas las personas que no tienen papeles se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Las otras regularizaciones aprobadas por PSOE y PP

En España se han llevado a cabo dos regularizaciones extraordinarias impulsadas por el PP (2000 y 2001) y cuatro por el PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005).

Mientras, a nivel de la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones desde los años 90, las últimas en Italia y Portugal en 2020 y 2021.