El suicido de Sandra Peña pone en evidencia los protocolos contra el 'bullying': "La decisión de abrirlos o no la toman personas"

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, explica en 'Julia en la onda' en qué consisten los protocolos contra el bullying que tienen que aplicar los centros educativos cuando tienen conocimiento de algún caso y las posibles sanciones a las que se enfrentaría el colegio privado concertado Irlandesas de Loreto de Sevilla por no haberlo aplicado en el caso de Sandra Peña, la niña de 14 años que se suicidó tras haber denunciado su familia acoso escolar por parte de algunas de sus compañeras.

¿Por qué el colegio no aplicó el protocolo? Según Castillo, es una de las cuestiones que se plantearon desde el primer momento. En cuanto tuvieron noticia del suicidio de Sandra Peña, enviaron al centro a la Inspección Educativa porque existían indicios para abrir los protocolos. Estos indicios existían cuando la familia puso en conocimiento del centro su preocupación por cómo se encontraba la menor en relación con sus compañeras de colegio y cómo se encontraba la menor desde el punto de vista emocional.

Qué sanciones se pueden aplicar al centro

En cuanto tuvieron el informe de la Inspección, dieron traslado a la Fiscalía y abrieron una comisión de conciliación, que establece cómo es la relación entre la Administración Educativa y los centros concertados. Esa comisión tiene que llegar a un acuerdo sobre lo que ha sucedido y sobre si se han depurado o no las responsabilidades, porque recuerda "la decisión de no abrir un protocolo la toman personas y es el centro quien tiene la capacidad de exigir responsabilidad disciplinaria a sus trabajadores".

En caso de que esta comisión termine sin acuerdo, se abriría un expediente sancionador y, aunque lo normal son las sanciones económicas por haber incumplido las normas de la Administración Educativa, hay casos en los que en última instancia, se produce la retirada del concierto educativo, "el extremo más grave cuando hay reiteración": "No obstante, el concierto afecta no sólo a este caso, sino a los 800 niños escolarizados y no se quita de un día para otro".

La consejera informa de que, en el caso de Sandra Peña, actualmente están en la parte de la Comisión de conciliación y se encuentran esperando a las conclusiones a las que llega la Fiscalía tanto sobre el acoso, como sobre las responsabilidades del propio centro.