Según la Ley de Cambio Climático, las ciudades de más de 50.000 habitantes y las de más de 20.000 que superaran ciertos valores de contaminación, debían poner en marcha las zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de que empezara el 2023. Nueve meses después, solo solo lo han hecho 14 de los 151 afectados. Es cierto que la mayoría de los ayuntamientos están tramitando los proyectos, pero otros, gobernados por PP o Vox, se niegan a aplicar la normativa.
Las únicas ciudades que lo han aplicado son Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, A Coruña, Pontevedra, Pamplona, Badalona, Sant Cugat del Vallés, Hospitalet de Llobregat, Cornellá de Llobregat, La Línea de la Concepción y Rivas- Vaciamadrid.
El Ministerio de Transportes ha remitido en los últimos días una carta a los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas del Plan de Recuperación para desarrollar la implantación de las ZBE, y un total de 122 han iniciado los trámites. Otros como Menorca, Ferrol, Aranjuez, Motril o Mijas aún no lo han hecho.
Badajoz, Gandía, Zamora o Ávila esperan que sus ordenanzas estén en vigor antes de que termine el año, mientras que en Guadalajara, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes prevén que estén en funcionamiento desde el próximo 1 de enero.
Por su parte, otros municipios como Santander, Elche o Badalona no prevén aplicar la normativa. La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha asegurado que no lo hará "sin datos previos" que justifiquen su implantación "por capricho o sin un criterio que se pueda explicar"; el Ayuntamiento de Elche (PP) ha confirmado que no restringirá el tráfico en la ciudad; y en Badalona, aunque la ZBE está operativa, no se está aplicando, y el alcalde, Xavier García Albiol (PP) apuesta por aplicar una moratoria de las sanciones, que deberían entrar en vigor en 2024, hasta 2027.