Según la Guardia Civil, la hija de 25 años captaba a los mayores británicos de avanzada edad, que hablaban únicamente inglés y con poca o ninguna familia cercana, a través de su puesto de trabajo en una farmacia.
La investigación se inició a raíz de la declaración de testigos en torno a la utilización de un chalet como residencia clandestina de personas mayores, lo que quedó comprobado tras varias semanas de vigilancia.
La hija y sus padres, de 59 años, les convencían de que ingresaran una cuota mensual de entre 2.500 y 3.000 euros para acceder a la residencia.
Una vez en el centro, que podría llevar abierto unos tres años, les solicitaban documentación y escrituras de sus propiedades, que guardaban en una caja fuerte, para intentar persuadirles de que se las dejaran en herencia una vez fallecidos.
Según la Guardia Civil, los ancianos recibían un trato digno aunque alguno de los mayores ha declarado que a veces recibían voces y gritos.
Cuando alguno de los residentes atendía una visita, los detenidos los vigilaban constantemente para que no se pudiera filtrar lo que estaba sucediendo.
El control de la información por parte de los arrestados era tan intenso que no dejaban a los ancianos disponer de sus teléfonos móviles, que les eran retirados al entrar en la residencia.
Además estaban vigilados en todo momento a través de cámaras de seguridad distribuidas por toda la vivienda.
Finalmente, uno de los ancianos, tras mucho insistir y con la ayuda de su familia, consiguió salir de la casa y corroborar a los agentes lo que allí sucedía.
Las instalaciones constaban de cinco habitaciones que casi siempre estaban ocupadas, y en cada estancia había camas articuladas y algunos accesorios para facilitar la vida diaria de los ancianos.
En cambio, el recinto carecía de las medidas de seguridad básicas exigidas para un centro de estas características.
Las personas contratadas por la familia para cuidar a los mayores carecían de cualificación y tampoco había ningún médico, algo necesario para el bienestar de los residentes.
Sí colaboraban con los dueños para evitar revelar datos que pudieran llevar a las autoridades a conocer lo que allí sucedía.
A los tres detenidos se les imputan los supuestos delitos de estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.