Qué va a pasar con los menores no acompañados de Ceuta: solo pueden acoger 29 y varias CCAA han cerrado las puertas
Las ONG estiman que hay cerca de mil menores en Ceuta, muchos de ellos sin lugar dónde dormir y con acceso limitado a enseres básicos.
Qué gobiernos de qué comunidades han anunciado que no aceptarán menores procedentes de Ceuta
Madrid |
La crisis migratoria que vive Ceuta continúa con la situación los menores migrantes no acompañados. Cientos de niños y adolescentes permanecen en la ciudad tras la entrada masiva registrada la semana pasada y el sistema de protección ceutí está completamente desbordado: su capacidad ordinaria solo permite atender a 29 menores.
Aunque las autoridades no han ofrecido un balance definitivo, las ONG que trabajan sobre el terreno estiman que cerca de 900 menores ya han sido registrados, un número que sigue aumentando a medida que la Policía completa las tareas de identificación. Muchos de ellos continúan durmiendo a la intemperie, repartidos entre el polígono del Tarajal, las inmediaciones del CETI y otros puntos de la ciudad, con acceso limitado a alimentos, agua o un lugar donde pasar la noche.
La situación ha obligado al Gobierno a anunciar una partida extraordinaria de 25 millones de euros, que se suman a los 5,5 millones ya aprobados el pasado mes de julio para reforzar la atención a estos menores.
La prioridad: localizar a las familias y reagrupar a los menores
El Ministerio de Juventud e Infancia ha avanzado que activará todos los mecanismos previstos en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que contempla dos vías principales para gestionar esta situación.
La primera consiste en intentar la reagrupación familiar de aquellos menores cuyos familiares puedan ser localizados en Marruecos y se garantice que su regreso se realiza respetando todas las garantías legales y el interés superior del menor.
Desde la Fundación Sur Acoge aseguran que ya están recibiendo llamadas de padres marroquíes que buscan desesperadamente a sus hijos. Según explica en Onda Cero su director general, José Miguel Morales, muchos de estos niños cruzaron la frontera aprovechando la situación de descontrol y no como parte de un proyecto migratorio planificado.
Por ello, la ONG considera prioritario identificar a cada menor e intentar, cuando sea posible y con todas las garantías jurídicas, que pueda regresar con su familia.
El reparto entre comunidades, en el aire
La segunda vía prevista por el Gobierno pasa por el traslado de aquellos menores que no puedan regresar a sus familias a otras comunidades autónomas mediante un sistema de acogida solidaria. Sin embargo, esta opción ya ha encontrado importantes resistencias.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido de que su partido no apoyará al Gobierno si Cataluña participa en ese reparto. "Junts no da ni un voto si no se deja a Cataluña fuera del reparto", afirmó en la red social X, recordando que su formación ya consiguió excluir a la comunidad catalana de un reparto anterior.
También el Gobierno de Aragón ha anunciado que utilizará "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" para rechazar un eventual reparto obligatorio de menores, al considerar que supondría una invasión de competencias y una consecuencia directa de la política migratoria del Ejecutivo central.
En la misma línea, la dirección nacional del PP ha asegurado que las comunidades gobernadas por los populares "cumplirán la ley", pero no asumirán "las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno", insistiendo en que corresponde al Estado gestionar una crisis migratoria de esta magnitud.
Una crisis que sigue lejos de resolverse
Ceuta ha habilitado de forma provisional dos naves en el polígono del Tarajal y dos centros educativos para alojar a parte de los menores, aunque las organizaciones humanitarias consideran que estas medidas resultan insuficientes ante el elevado número de niños y adolescentes que permanecen en la ciudad.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tiene previsto desplazarse en los próximos días a Ceuta para coordinar la respuesta del Gobierno. El objetivo es acelerar tanto los procesos de identificación y reagrupación familiar como el eventual traslado de aquellos menores que deban permanecer bajo la tutela del sistema de protección español, un proceso que, por el momento, se enfrenta a la oposición de varias comunidades autónomas.