En un auto, el juez envía a juicio a Gómez Iglesias por presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo, y a los dos policías locales que le acompañaron en aquel viaje por usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.
El magistrado fija una fianza de 81.000 euros para el joven Gómez Iglesias, y de 4.500 euros para cada uno de los agentes. De este modo, la Audiencia Provincial de Madrid juzgará unos hechos por los que el fiscal solicita siete años de prisión y una multa de 81.000 euros para Gómez Iglesias por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.
La acusación particular que ejerce en este caso la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid pide 11 años de prisión para el joven; la Abogacía del Estado solicita 21 meses de cárcel y una multa y, por su parte, el Ayuntamiento de Madrid reclama 3 años y medio de prisión. El juez archiva la causa en lo que respecta al delito de estafa del que el Ayuntamiento acusaba a los tres procesados y del delito de malversación que varias de las acusaciones imputaban a uno de los policías locales.
Los hechos se remontan a agosto de 2014. El joven contactó con el empresario Jorge Cosmen para concertar una reunión haciéndose pasar por representante de la Casa Real y la Vicepresidencia del Gobierno, una cita que fue fijada de manera reservada para el día 13 en un restaurante de Ribadeo. Según el relato del juez, el "pequeño Nicolás" se puso en contacto con los dos policías locales, alquiló cuatro vehículos de alta gama con sus respectivos conductores y falsificó dos acreditaciones del Ministerio del Interior para dos de esos vehículos.
Llamó varias veces al Ayuntamiento y a la Policía Local de Ribadeo para anticipar la celebración de esa reunión con el empresario, a quien a su vez anunció que en la comida estaría el Rey Felipe VI. Cuando llegaron a Ribadeo, prosigue el juez, la Policía Local escoltó a la comitiva que fue recibida por un numeroso grupo de vecinos, encabezados por el alcalde, Fernando Suárez, quien expresó su sorpresa ante la ausencia de Felipe VI.
Durante la comida, uno de los policías avisó al "pequeño Nicolás" de que tenía una llamada urgente de Vicepresidencia del Gobierno, llamada que -subraya el juez- era "totalmente simulada". El magistrado detalla que el principal acusado pagó por sus servicios 2.000 euros a uno de los policías locales, y que éste, a su vez, abonó 400 euros a otro de los agentes. Finalmente, Francisco Nicolás Gómez Iglesias fue detenido en octubre de ese año.