En una inspección para prevenir la distribución y venta ilegal de juguetes, la Guardia Civil ha intervenido más de 145.000 juguetes almacenados en una nave del Polígono Industrial de Pinto que se dedicaba a la venta de juguetes al por mayor, según ha informado este martes la Comandancia de Madrid en una nota de prensa. Regentada por ciudadanos de origen asiático, comercializaban juguetes falsificados que supuestamente infringían la propiedad industrial de diferentes marcas de reconocida reputación.
Cuando las autoridades tuvieron conocimiento de la actividad ilegal, varios agentes de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de la Guardia Civil de la capital, en colaboración con la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Comunidad de Madrid, procedieron a la inspección del lugar. Como resultado, se intervinieron 134.120 juguetes que incumplían los requisitos exigidos en las normativas europeas sobre la seguridad de los juguetes, así como otros 11.535 juguetes que presuntamente infringen los derechos de propiedad industrial e intelectual de varias marcas registradas.
En total, los agentes intervinieron 145.657 juguetes falsos o peligrosos para la salud y seguridad de los niños de diferentes marcas y modelos. Además, en la misma nave encontraron bolsas de juguetes a granel, blísters de plástico y cajas serigrafiadas imitando los diseños de las marcas falsificadas. Y también fueron hallados efectos de pirotecnia de la categoría F1 almacenados de forma irregular, ascendiendo a un total de 6.000 envases de bombetas.
Por todo ello, una persona ha sido propuesta para sanción ante la autoridad competente e investigada como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.
Los productos intervenidos procedían mayoritariamente del mercado asiático y llegaban a la nave desmontados para sortear los controles aduaneros y policiales y así evitar su detección. Después eran montados y ensamblados para ser comercializados fuera de los canales legales establecidos.
Los juguetes que han sido intervenidos suponen un riesgo para los consumidores, no solo por la peligrosidad que implica el tamaño de las piezas, sino porque además sorteaban los controles de seguridad y evitaban el etiquetado, incumpliendo todos ellos la normativa de seguridad de los juguetes.
Según han explicado las autoridades, representan un claro riesgo para la salud y seguridad de los menores al estar fabricados con materiales de dudosa calidad.