El tiempo apremia y Educación ha terminado de perfilar las pautas que deberán seguir las evaluaciones de Secundaria y de Bachillerato con los cambios que adelantó Onda Cero. La nueva orden ministerial que se ha conocido hoy limita al 50% las preguntas tipo test que pueden entrar en la nueva evaluación de Bachillerato, ya que en la antigua PAU podían llegar al 100%. Ahora, como mínimo, la mitad de las preguntas serán abiertas o de desarrollo y semiabiertas -consisten, por ejemplo, en completar una frase o escribir un número que responde a un problema matemático-. La medida se aprobó el pasado viernes en la Comisión General de Educación, gracias a un acuerdo con todas las Comunidades Autónomas.
La norma regula las características, el diseño y el contenido que deberán seguir las evaluaciones, así como las fechas máximas de revisión y unos cuestionarios de contexto que deberán rellenar los alumnos. La prueba final de Bachillerato se compondrá de seis pruebas, una por cada materia troncal objeto de examen. En cada una de ellas habrá un mínimo de dos preguntas y un máximo de quince, que se deberán resolver en un máximo de hora y media. Además, habrá un descanso de 20 minutos o más. La evaluación final durará cuatro días como máximo o cinco si se hace en una autonomía con lengua cooficial. Se superará con una nota de 4 y contará un 40% para la media final de acceso a la universidad –el 60% restante dependerá del expediente académico del alumno-.
La evaluación final puntuará de 0 a 10 sobre seis asignaturas troncales. El alumno podrá subir nota de 10 a 14 siempre y cuando se haya examinado de dos materias relacionadas con la carrera que vaya a estudiar. Las propias universidades determinarán las materias que permitirán subir nota, según el acuerdo que han firmado el Ministerio y los rectores. Como ya sucedía con la PAU, habrá dos convocatorias: una ordinaria para los que aprueben todo a la primera y otra extraordinaria para los que tengan que recuperar alguna materia. La ordinaria deberá finalizar antes del 24 de junio. La convocatoria extraordinaria deberá finalizar antes del 8 de julio –en caso de que la Comunidad Autónoma decida realizar la evaluación en ese mes- o bien antes del 15 de septiembre.
Además, el Ministerio deja en manos de las Comunidades Autónomas y las universidades la posibilidad de hacer o no una prueba oral de inglés. El examen de idioma podrá ser sólo escrito, como hasta ahora, o bien tener una parte oral sobre expresión –el llamado speaking- o comprensión –listening-.
El tiempo se agota y Educación tiene que fijar los requisitos para que las Comunidades Autónomas puedan elaborar las pruebas con las universidades. De hecho, la propia orden ministerial admite que "existe urgencia", ya que las primeras evaluaciones se deben realizar al finalizar este curso. Por eso añade que “las bases que deberán respetar las Administraciones educativas deben ser conocidas con suficiente antelación que les permita realizar los trabajos y desarrollos normativos que les corresponden”.
Los alumnos deberán rellenar unos cuestionarios que permitirán relacionar los resultados de las pruebas con las condiciones socioeconómicas y culturales de los centros. Podrán preguntar a los estudiantes cuántos libros hay en casa y con qué frecuencia se utilizan; si sus padres leen prensa diaria; si disponen de enciclopedia, ordenador o tabletas; así como por el nivel educativo y profesión de sus progenitores.