La Justicia de Madrid tumba la tasa de basuras de Almeida: qué ha pasado y por qué se anula
El fallo del TSJM concluye que durante el proceso de aprobación se vulneraron normas esenciales, lo que conlleva la nulidad de pleno derecho de la tasa.
La anulación judicial de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid ha abierto un nuevo frente político y jurídico en la capital. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la ordenanza fiscal que regulaba este tributo al considerar que su tramitación incurrió en defectos sustanciales, lo que deja sin efecto una medida que estaba en vigor desde el 1 de enero de 2025.
La sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, estima los recursos presentados por varias organizaciones e instituciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024. El fallo concluye que durante el proceso de aprobación se vulneraron normas esenciales, lo que conlleva la nulidad de pleno derecho de la tasa.
Un defecto clave en la tramitación
El elemento central de la decisión judicial radica en la falta de transparencia durante el periodo de información pública. Según el tribunal, el Ayuntamiento omitió parte del informe técnico-económico que servía de base para calcular la tasa, un documento clave para garantizar que los ciudadanos pudieran conocer y fiscalizar el tributo.
En concreto, no se publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos en actividades económicas. Estos datos eran considerados "imprescindibles" por la Sala para entender cómo se cuantificaba la tasa, especialmente en los usos no residenciales.
El tribunal subraya que esta omisión supone una infracción sustancial del procedimiento, ya que limita el derecho de los ciudadanos a acceder a información completa durante la fase de alegaciones. Por ello, concluye que no se trata de un defecto menor, sino de un fallo que invalida todo el proceso.
Además, la sentencia recuerda que, aunque la tasa responde a la obligación legal de aplicar el principio de "quien contamina paga", recogido en la Ley estatal de residuos, este objetivo no exime a la administración de cumplir estrictamente con las garantías procedimentales.
Choque político por el alcance del fallo
Tras conocerse la resolución, el Gobierno municipal encabezado por José Luis Martínez-Almeida ha defendido que la nulidad responde a cuestiones "estrictamente formales". Desde el Ayuntamiento sostienen que la información omitida era de carácter auxiliar y que la metodología de cálculo de la tasa estaba suficientemente justificada en el expediente.
Las mismas fuentes recalcan que la Justicia no entra a valorar el fondo del tributo —ni su diseño ni su cuantía—, sino únicamente el procedimiento seguido para su aprobación. En este contexto, los servicios jurídicos municipales estudian la posibilidad de presentar un recurso de casación.
Frente a esta interpretación, la oposición municipal ha cargado con dureza contra el Ejecutivo local. Desde el PSOE aseguran que la sentencia confirma sus advertencias sobre la falta de transparencia y critican que el Gobierno haya ocultado información relevante sobre el cálculo de la tasa.
Más Madrid, por su parte, ha celebrado el fallo y ha insistido en que el tributo era "injusto e ilegal". Su portavoz, Rita Maestre, ha acusado al equipo de Almeida de haber actuado con prisas y de haber incurrido en una "chapuza administrativa" en la tramitación de la ordenanza.
También las asociaciones vecinales han valorado la sentencia como un "varapalo judicial" para el Ayuntamiento. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid considera que se ignoraron reclamaciones y se tramitó la norma sin la debida transparencia, lo que generó un amplio rechazo ciudadano.