25 de abril de 2025
La Ley de Bienestar Animal ha sido uno de los temas que ha marcado la agenda política de los últimos días. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la ley que ha vuelto a abrir una brecha entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de los perros de caza.
La ley se aprobó con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, ERC, EH Bildu y la CUP, mientras que PP, Vox, Ciudadanos, PNV, PDeCat, Más País, Coalición Canaria, UPN, Foro y PRC votaron en contra. Junts, BNG, Compromís y Teruel Existe se abstuvieron.
La ley continuará ahora con su tramitación en el Senado donde se someterá a debate en ponencia, comisión y pleno. Si se decidiera enmendarlo o se aprobara un veto, la ley regresaría al Congreso de los Diputados para someterse de nuevo a debate antes de su aprobación.
Una de las claves de esta Ley de Bienestar Animal es poner fin al maltrato y el abandono animal. Las penas por estos motivos se endurecerán y se cifrarían entre los 500 y 10.000 euros en caso de ser 'leve', 10.000 y 50.000 euros en caso de ser 'grave' y entre 50.000 y 200.000 euros en caso de considerarse 'muy grave'.
También se evitará el sacrificio de perros y gatos o que no han conseguido ser adoptados en las protectoras y se tomarán medidas para la identificación de los animales.
La norma, además, establece la obligatoriedad de esterilizar a las mascotas que habiten fuera del interior de las viviendas; la creación de un listado que establezca qué animales pueden convivir con personas y cuáles no; la prohibición de comercializar con perros, gatos y hurones en tiendas de mascotas; o la regulación de la cría de animales.
Ha sido el principal punto de enfrentamiento en el seno del Gobierno en lo respectivo a esta ley. El PSOE se mostraba en contra y Unidas Podemos se negaba a apoyarla si no se tenía en cuenta a estos animales dentro del texto. Finalmente la formación morada anunció su cambio de posición, por lo que estos animales han quedado excluidos.
Sí se aprobaron las enmiendas de Bildu y ERC para derogar el régimen jurídico de tenencia de animales potencialmente peligrosos, mejorar la coordinación de los registros autonómicos de animales de compañía, y el tratamiento de los gatos y colonias felinas.