Cronología del desahucio de Maricarmen en Madrid: del contrato firmado en 1956 al fondo buitre que quiso subir su alquiler un 275%
Maricarmen ha sido desahuciada este miércoles de su vivienda en Madrid. La vecina de 87 años ha tenido que dejar una casa en la que ha vivido más de siete décadas después de que el fondo buitre haya rechazado cualquier acuerdo.
La comitiva judicial ha ejecutado el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que deja una casa en la que ha permanecido más de siete décadas. Desde primera hora de este miércoles, la Policía ha hecho acto de presencia en la calle mientras decenas de personas se concentraban para tratar de impedir dicho lanzamiento.
Beatriz Duro, la abogada de Maricarmen, confirmaba durante la mañana que el desahucio se iba a hacer oficial y también ha explicado que la empresa propietaria no ha concedido "ni un tiempo mínimo" para que la vecina saque sus pertenencias, ya que posteriormente se las enviarán a una dirección "que no existirá", puesto que "no tiene dónde ir".
Cómo se ha llegado hasta el desahucio de Maricarmen
Se trata del cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde Maricarmen ha vivido durante 70 años, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.
El caso se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen.
Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".
La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.
La afectada se enfrentaba así a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 275%.
El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.
Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia privada con un coste de más de 1.200 euros, "una barbaridad" para la pensión de la mujer.
La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.
Vivienda culpa al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid
Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha urgido al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir ante el desahucio y ha respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo.
Por un lado, ha criticado al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre su situación de vulnerabilidad "pese a tener desde hace meses una solicitud sobre la mesa", mientras que, por otro lado, ha cargado contra la Comunidad por no "ofrecer una alternativa habitacional" a la mujer o concederle "un complemento de rentas para que pueda asumir el coste del alquiler".
Al respecto, fuentes municipales apuntan a que los servicios sociales del Ayuntamiento mantienen un seguimiento continuo de su situación. "El Ministerio de Vivienda miente. Los servicios sociales municipales emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado", indican.
En este sentido, subrayan que la afectada "es usuaria de diferentes prestaciones sociales municipales", como el servicio de ayuda a domicilio. Además, recalcan que desde el Consistorio se han puesto a su disposición "diferentes recursos de alojamiento", pero que la mujer "ha manifestado expresamente su rechazo cuando se le ha ofrecido plaza".
Samur Social ha acudido al lanzamiento y, de producirse, las mismas fuentes apuntan a que "se le volverá a ofrecer atención en el marco de la emergencia social".