Cargando...
El Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, ha actualizado la lista y ya son 20 los productos que están siendo retirados de los canales de comercialización debido a la alerta sobre la presencia de óxido de etileno. La notificación fue emitida el pasado 12 de julio, fecha desde la que se procede a a la retirada de los productos afectados.
Según la compañía, en declaraciones a Europa Press, la identificación de trazas de 2-cloroetanol (2CE) en los productos de Häagen-Dazs "está vinculado a un único proveedor y se limita a determinadas fechas de caducidad". La conocida marca de helados ha especificado que "el problema se debe a un ingrediente (aroma de vainilla) suministrado por uno de nuestros principales proveedores".
La empresa ha identificado los lotes afectados y ha informado a sus proveedores para que bloqueen el stock lo antes posible. Además, alerta a los consumidores de los lotes que se han podido ver afectados para que se deshagan de ellos inmediatamente o contacten con el servicio de atención al cliente.
Las fechas de caducidad para los productos afectados son: entre el 8 de marzo de 2023 y el 29 de abril de 2023 para las Tarrinas Multi Packs; entre el 16 de marzo de 2023 y el 29 de abril de 2023 para las Tarrinas, Mini Tarrinas, Mini Bombones, Bombones multi pack; entre el 16 de mayo de 2023 y el 29 de junio de 2023 para las Bombones individuales.
El 2-cloroetanol es químicamente idéntico al etanol, salvo que un átomo de hidrógeno ha sido sustituido por un átomo de cloro. El etanol es el alcohol que se encuentra en la cerveza, el vino y los licores. El 2CE puede estar asociado al óxido de etileno (ETO), pero existen otros mecanismos conocidos para la formación del 2CE, como, por ejemplo, durante el proceso de producción.
La exposición prolongada al óxido de etileno puede llegar a provocar cánceres como el linfoma y la leucemia, aunque se trata de una exposición o ingesta prolongada en el tiempo.
En cualquier caso, esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.