Elma Saiz defiende el acuerdo con Junts sobre inmigración: "Por qué matar algo que no ha nacido"
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirán mañana, lunes, para abordar la financiación que aportará el Estado a la derivación de menores migrantes desde las islas al resto de comunidades.
Los representantes de sendos Ejecutivos se encontrarán a partir de las 12 horas en el Ministerio de Hacienda y debatirán sobre tres asuntos: la agenda canaria, las partidas pendientes de transferir a las islas por la atención a menores migrantes y la financiación estatal para el reparto de jóvenes a las autonomías.
Este encuentro -que estaba previsto para el pasado 12 de febrero pero se canceló por una enfermedad de la ministra- se produce una semana después de que PSOE y Junts hayan pactado la delegación de competencias en inmigración para Cataluña.
Junts había puesto como prioridad cerrar esta delegación antes de hablar de los menores y tanto el Gobierno de las islas como el central miran con atención al partido de Carles Puigdemont para conseguir sacar adelante esta iniciativa en el Congreso, una vez fracasadas las conversaciones con el PP.
Fuentes del Gobierno canario han señalado a EFE que esperan que en la reunión con la ministra se despejen los términos en los que el Estado se compromete a financiar la propuesta de derivación de 4.000 menores desde las islas (y otros 500 desde Ceuta) y dicen desconocer cómo afectará el pacto PSOE-Junts a estas conversaciones.
Desde Coalición Canaria no han hablado con Junts desde que se anunció este acuerdo, pero en contactos anteriores dirigentes de la formación catalana independentista sí mostraron su disposición a apoyarlo.
Lo que no saben desde el Ejecutivo autonómico es si este cambio abre la posibilidad de volver a negociar una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para crear un mecanismo estructural de derivación de los jóvenes, propuesta que ya fracasó en julio del año pasado por la falta de apoyo de Junts, PP y Vox en el Congreso.
Por otro lado, fuentes del Gobierno han apuntado a EFE que el Ejecutivo central negocia -nunca ha dejado de hacerlo, recalcan- una mayoría parlamentaria suficiente para dar una solución a la cuestión de los menores migrantes no acompañados.
En este sentido, han subrayado que lo que el Ejecutivo siempre ha defendido es que esta sea una solución estructural a través de la reforma de la ley extranjería.
Desde Junts no han manifestado públicamente su intención de facilitar la derivación de los menores con sus votos y fuentes del partido señalaban esta semana, tras el acuerdo alcanzado con el PSOE, que su posición no ha cambiado: solo darán su apoyo a una fórmula que tenga en cuenta la tensión de los recursos de Cataluña.
Sostienen que históricamente esta autonomía ha hecho mayores esfuerzos para la acogida de los jóvenes que otras y esto debe quedar reflejado en el texto, aunque esto no necesariamente significa que Cataluña no acoja a ninguno más.
Esta es una cuestión sensible, ya que en la última reunión de Clavijo con el Gobierno se acordó que los criterios de reparto serán "prácticamente" los mismos que los fijados en 2022 en una Sectorial con las comunidades: población, renta per cápita, desempleo, el esfuerzo realizado en la acogida y la dispersión de la población.
Este extremo despertó una oleada de críticas, tanto de PP y Vox como de varias autonomías como la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cantabria o La Rioja, al entender que esto significaría dejar fuera del reparto a País Vasco y Cataluña, algo que tanto el Gobierno central como el canario han desmentido.