Claves de la nueva ley IA aprobada por el Gobierno: veto a los 'deepfakes', sistemas prohibidos y multas de hasta 35 millones

El Gobierno ha aprobado la nueva normativa para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, un texto que ajusta la legislación española a la europea y que fija multas millonarias de hasta 35 millones, trata de atajar los contenidos 'ultrafalsos' (deepfakes) como los desnudos generados por asistentes virtuales y determina qué técnicas y sistemas están expresamente prohibidos.

El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a un proyecto que comienza ahora su tramitación parlamentaria. En la rueda de prensa posterior, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que España está demostrando "un ejemplo sobresaliente" en el despliegue y la adopción de la IA y ha citado la localización de dos 'fábricas' de IA de la UE, un proyecto de 'gigafactoría', varias empresas punteras en el sector -entre ellas Multiverse Computing- o la existencia ya de un modelo de IA en español ('ALIA'), además de aseverar que el país "abandera" la apuesta para que esta tecnología sea "ética y confiable".

Gobernanza: quiénes supervisan el cumplimiento de la norma con la IA

La ley establece un marco de gobernanza mediante la designación de autoridades notificantes y autoridades de vigilancia del mercado, encargadas de supervisar el cumplimiento de la normativa. Determina que aquellos productos ya regulados por normas sectoriales, como maquinaria, juguetes, vehículos o productos sanitarios, mantendrán su misma Autoridad notificante y Autoridad de Vigilancia del Mercado, en línea con la propuesta del Reglamento de IA.

El resto de los sistemas no regulados por legislación de producto, como los relativos al empleo, biometría o educación, se atribuyen principalmente a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), así como a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en función del ámbito a supervisar.

También promueve un modelo de colaboración institucional reforzado, incluyendo mecanismos de coordinación entre autoridades y un punto de contacto único para cuestiones de supervisión a través de la Aesia. El Reglamento de IA, una norma pionera en el marco internacional que fue impulsado en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, constituye una norma armonizada de aplicación directa en todos los Estados miembros.

Clasifica los sistemas de IA en función de su potencial riesgo para las personas, prohíbe aquellos que tienen un riesgo inaceptable para la seguridad o salud de las personas y establece las obligaciones que deben cumplir el resto para su puesta en servicio o comercialización en el mercado europeo.

Veto a los 'deepfakes' y sistemas prohibidos

A iniciativa de España, con el apoyo de Francia, el pasado 7 de mayo la Unión Europea acordó añadir dos sistemas prohibidos que se suman a los ocho en vigor: prohibir en todo el territorio comunitario la introducción en el mercado, puesta en servicio y el uso de sistemas de inteligencia artificial que generen 'deepfakes' sexuales, tras la polémica generada por los desnudos de mujeres y menores creados por Grok, el asistente virtual de la red social X, y que ya a mediados de marzo logró el apoyo de la Unión para ser incluida en la reforma del Reglamento.

Sanciones: multas de hasta 35 millones de euros

En cuanto al régimen de sanciones, las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves, con multas que pueden alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7% del volumen de negocio en los casos más graves y hasta 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio en las más leves.

La IA y el sector público: un delegado y un inventario de sistemas

Otra de las aportaciones de la norma, que no procede de la adaptación del RIA, es impulsar el buen uso de la IA en el sector público estatal, medida que se incluye a petición de numerosas propuestas incluidas en la audiencia pública.

Para ello, introduce la creación de un inventario de sistemas de IA utilizados en procedimientos administrativos, no solo para sistemas de alto riesgo, reforzando la transparencia.

Además, establece la figura del delegado de IA, que estará encargado de coordinar la aplicación normativa y asesorar en proyectos y contratación pública. Tanto el inventario como el delegado se desarrollarán por Real Decreto. Adicionalmente, se dará impulso a la formación y concienciación de los empleados públicos en materia de Inteligencia Artificial.