La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha exigido la inmediata dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras lo que consideran "descalificaciones" vertidas contra los jueces a raíz de la revisión de determinadas condenas por delitos contra la libertad sexual como consecuencia de la entrada en vigor de la llamada ley 'solo sí es sí'.
La ministra Montero dijo que "el machismo puede hacer que haya jueces que interpreten erróneamente la ley". En este contexto, la asociación admite la crítica a las resoluciones judiciales pero recomienda que, si tales críticas provienen de otro poder del Estado, se produzcan con la "ponderación y prudencia" que demandan las normas de respeto institucional.
Así, consideran "ofensiva" la acusación por parte de la ministra y de otros responsables políticos de verter un prejuicio generalizado en el Poder Judicial contra las mujeres y alertan de que carece de rigor y produce una alarma "innecesaria y devastadora" en la confianza de las víctimas de esos delitos devaluando así los estándares de calidad democrática.
La Asociación censura que se haya acudido a "descalificaciones generalizadas" basadas en estereotipos "en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que puedan resolverse" y considera que resulta una actuación "totalmente reprobable por falsa e injusta".
Las cuatro asociaciones de jueces han mostrado su indignación por la reacción "infantil y absurda" de la ministra de Igualdad tras estas mismas declaraciones.
El miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, ha explicado que "cuando se legisla sin prestar atención a lo que se informa por los órganos que tienen obligación de advertir se corre el riesgo de que pasen este tipo de cosas. Ahora no vale llamar machistas a los jueces. Es infantil y absurdo", ha asegurado el miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Juan José Carbonero en declaraciones a Europa Press.
El magistrado de la APM se ha referido de esta forma al informe emitido en febrero de 2021 por el órgano de gobierno de los jueces sobre la actual Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que por aquel entonces era un anteproyecto. En el mismo, el CGPJ explicaba que el cuadro penológico contemplado para los delitos de agresiones sexuales suponía "una reducción del límite máximo de algunas penas".
Un informe al que no se hizo caso desde el Ministerio de Igualdad. Precisamente la ministra Irene Montero subrayó en unas declaraciones a la cadena Ser que en los dos años de tramitación de la ley del "solo sí es sí" nadie, ni el resto de ministerios implicados, ni el Consejo Fiscal, ni el Consejo de Estado, ni el CGPJ, advirtió de las posibles revisiones de las penas por los cambios introducidos.
Desde la APM recuerdan que, aunque los "informes no son vinculantes, un legislador responsable debe hacer caso del contenido" de los mismos. "Nos echamos las manos a la cabeza, pero cuando se corre, se corre el riesgo de que determinado tipo de cosas no salgan todo lo bien que deberían", ha alertado, en relación a las prisas con las que se sacó adelante la nueva ley.
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha señalado que "tenemos un problema de falta de previsión del legislador. Entiendo que pueda llamar la atención, pero realmente sucede cuando se cambia el Código Penal y se despenalizan determinadas conductas o se rebaja la pena en algún delito"
Por su parte, la magistrada Concha Roig, miembro del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha reconocido que le ha sorprendido que haya habido "una sorpresa" por la rebaja de las penas de prisión a condenados por abusos sexuales a menores al considerar que la reforma del Código Penal resulta más favorable al reo.
"Es una aplicación normal habitual desde la aprobación del Código Penal de 1995. No cabe el arbitrio judicial, no se trata de volver a determinar la pena e interpretar los hechos: es una interpretación taxativa", ha señalado en declaraciones a esta agencia de noticias.
Roig ha explicado que esta reducción de las penas puede encontrar su justificación en que no se haya "tenido en cuenta" que podía pasar en el momento de la redacción de la ley.