Esta norma fue aprobada en 2016, pero era necesario un decreto reglamentario que especificase su regulación, que fue aprobado en consejo de ministros el pasado junio. En su momento, la ley generó polémica porque fue vetada por el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, al considerar que existían "vacíos legales" sobre la salvaguarda de los derechos del niño al nacer y de la mujer gestante.
El Parlamento aprobó una nueva versión para subsanar estos vacíos y la norma fue finalmente decretada por Rebelo de Sousa el 31 de julio de 2016.
La norma permite el acceso a los vientres de alquiler a las mujeres con problemas de infertilidad, que hayan nacido sin útero o con alguna lesión que les impida quedarse embarazadas.
La pareja que quiera acceder a este procedimiento deberán acudir a un centro de reproducción asistida, público o privado, para que sea probada la infertilidad de la madre genética y la situación psicológica de la madre gestante, que no recibirá ningún pago a excepción de los gastos médicos.
La ley limita el contacto de la madre gestante con el bebé al "mínimo indispensable" tras su nacimiento, debido a los "potenciales riesgos psicológicos y afectivos que esa relación supone, sin perjuicio de las situaciones en las que la gestante de sustitución es un familiar próximo".
En todo caso privilegiará la relación con la madre genética y establece que los intereses del niño deben prevalecer por encima del resto.