Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas hace casi un año a raíz de una demanda presentada por un total de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos y liderados por Texas.
Se espera que los jueces del Supremo, el máximo tribunal del país, escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a sus candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre.
El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.
La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el presidente para reformar el sistema migratorio.
El plan migratorio presentado por Obama en noviembre de 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes "dreamers" (soñadores) que llegaron a EEUU siendo niños en el seno de familias de indocumentados.
La otra parte del plan es el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener dicha suspensión.
El Gobierno de Obama decidió entonces presentar una apelación ante el Tribunal Supremo.
Si el Supremo falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.
Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio y decidió actuar unilateralmente ante la imposibilidad de sacar adelante en el Congreso una reforma al respecto.