Trashorras, el minero que facilitó los explosivos del 11M, pide la eutanasia en prisión
El exminero realiza la petición ante la falta de tratamiento médico adecuado para su salud mental y la larga condena que afronta.
El exminero José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.175 años de cárcel como colaborador necesario en los atentados del 11M por haber facilitado los explosivos a los terroristas, ha solicitado acogerse a la ley de eutanasia ante la falta de tratamiento médico adecuado para su salud mental y la larga condena que afronta dado que la sentencia le imponía el cumplimiento de al menos 40 años.
Según publica este sábado el diario El Comercio, Trashorras, que cumple condena en el Centro Penitenciario de Asturias, realizó ayer esta solicitud al médico de la prisión, un gesto de protesta al considerar que no recibe la debida atención médica ni psicológica pese a que padece una enfermedad mental diagnosticada y después de que sus solicitudes de permisos carcelarios y de otros beneficios nunca le han sido concedidos.
Pidió que se le aplicase la prisión permanente revisable
El Tribunal Supremo ya rechazó en 2017 un recurso presentado por Suárez Trashorras, que cuenta ahora con 47 años, en el que solicitaba que le fuese aplicada con carácter retroactivo la pena de prisión permanente revisable, una pena que considerada más favorable para obtener permisos y acceder al tercer grado penitenciario y a la libertad condicional que la pena de cárcel que le fue impuesta.
En su resolución, el Supremo aclaró que la petición partía del error de que le correspondería una sola pena de prisión permanente revisable, cuando en realidad serían 192 penas de tal clase (una por cada víctima mortal del atentado), por lo que la nueva regulación no le resultaría más favorable.
Además, y de acuerdo con el informe del fiscal, le recordó a Suárez Trashorras que en esos casos, el acceso al tercer grado y a la suspensión del resto de la pena (esta última figura sustituta de la libertad condicional) requerirá el cumplimiento efectivo de 32 años de prisión y 35 años, respectivamente.