El severo dictamen del CGPJ acusa a García Ortiz de uso espurio de sus cargos en la Fiscalía

Uso espurio de su cargo, deficiente transparencia o escaso esmero en la pulcritud del desempeño de sus puestos. Son sólo algunas de las severas acusaciones que recoge el dictamen del CGPJ que niega la idoneidad de Álvaro García Ortiz para repetir como Fiscal General del Estado y que fue aprobado este jueves por mayoría de 8 vocales conservadores frente a 6 progresistas más el presidente por suplencia Vicente Guilarte.

“Quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al Fiscal General no puede considerarse idóneo para su nombramiento”, señala el acuerdo de 12 páginas difundido este viernes.

El CGPJ niega la idonediad de García Ortiz subrayando el “desvío de poder” que fue advertido por el Tribunal Supremo en la sentencia que anuló el ascenso de su antecesora y mentora Dolores Delgado a fiscal de máxima categoría: “Si esa actuación se realiza en importantes nombramientos de la carrera fiscal cabe pensar en la utilización de esa desviación de poder en nombramientos de igual o aún peor de inferiores categorías”.

El nombramiento de Delgado como fiscal de Sala Togada del Tribunal Supremo es una de las “razones de deficiente legalidad en la gestión administrativa de la Fiscalía” que menciona el acuerdo insólito en la historia de la democracia.

Desviación de poder

“Que en el ejercicio de esa decisiva competencia por parte del candidato no se ha actuado con la idoneidad necesaria que el ejercicio de tan alta potestades se confieren, lo pone de manifiesto la reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (...) que anula el nombramiento con el argumento tan evidente como acreditado de que en el mismo se había incurrido en el vicio de desviación de poder”, recoge el dictamen aprobado por la mayoría conservadora del CGPJ.

El documento concluye que en la designación no concurrían los mejores requisitos de mérito y capacidad sino un “a modo de gratitud del candidato propuesto hacía la designada y en correspondencia con un pretendido deber institucional, pese a reconocer que legalmente dicho nombramiento no era el legalmente procedente”.

Según el acuerdo, García Ortiz “no tuvo reparo alguno” para designar como Fiscal de Sala a persona con la que existía, cuando menos, una pacto tácito de “do ut des”. Los firmantes recuerdan que la sentencia relata que con anterioridad existe una estrecha relación de confianza entre ambos y que García Ortiz tenía motivos de reconocimiento hacia Delgado puesto que había sido el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado cuando su antecesora ocupaba el cargo de Fiscal General.

“Si esa actuación se realiza en importantes nombramientos de la carrera fiscal cabe pensar en la utilización de esa desviación de poder en nombramientos de igual o aún peor, de inferiores categorías, que por su cantidad quizás sean mas relevantes para el interés público”, asevera este acuerdo mayoritario.

Falta de amparo por el lawfare

Otra de las principales argumentaciones en contra de la idoneidad del candidato es la postura de García Ortiz frente a las acusaciones de lawfare o politización de la justicia. El escrito alega razones de “falta de amparo de la carrera fiscal en garantía del principio de legalidad” después de que el Fiscal General desdeñara todas las peticiones que en ese sentido le habían formulado los fiscales del procés y le reclamaba el grueso de la carrera fiscal.

El documento es especialmente duro en este extremo, describe las acusaciones de lawfare como un “escarnio público desaforado” sin precedentes y señala que no sólo políticos sin también instituciones y cargos públicos han llevado a cabo “ataques mendaces” a los fiscales del procés sacando del ámbito jurídico lo que nunca debió salir de ese ámbito.

Se trata, a su juicio, de un reproche de actuación espuria “tan soez como interesado”, el más grave que se pueda reprochar a un Fiscal.

“Ante esa situación y siendo el FGE el único que puede y debe reaccionar a tan indigna campaña de desprestigio, la actuación del candidato propuesta ha sido, no ya la más absoluta inactividad, sino que, en sus comparecencias públicas, por sus actitudes, ha evidenciado una sintonía con quienes eran los promotores de tales campañas, ofreciendo el riesgo más que sospechoso de que dicha inacción no está fundada en un compartir tan graves acusaciones a la actuación de la Fiscalía”, explica el dictamen.

Deficiente transparencia en los nombramientos

El acuerdo también alega razones de deficiente transparencia en los nombramientos discrecionales y subraya que durante el tiempo en que ha estado desempeñando el cargo el candidato propuesto se constata que la designación de Fiscales para los cargos discrecionales adolece, cuando menos, de falta de transparencia y coherencia.

Según el recuento expuesto en este dictamen, en poco más de un año de mandato de García Ortiz como Fiscal General se ha procedido a la designación de 33 nombramientos discrecionales, de ellos 22 lo han sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresistas de Fiscales, la asociación de la que provienen Delgado y su sucesor, que cuenta con 200 asociados de los 2.700 totales de la carrera. Esto significa que del 7,4% de la carrera se han nombrado el 66.6% de los cargos discrecionales,”con el añadido de que 14 de ellos lo han sido promocionando en una categoría superior”.

El documento denuncia que no consta que el Fiscal General haya seguido los informes previos del Consejo Fiscal en estos nombramientos.

“No parece, a juicio de este Consejo, que pueda considerarse la idoneidad para el desempeño de FGE a quien ha actuado en materia de nombramientos con tales criterios”, añaden los vocales conservadores.

Ley del sí es sí

La mayoría del CGPJ también argumenta razones de deficiente dirección para el correcto funcionamiento procesal de la Fiscalía, una de las potestades más relevantes del cargo. Como ejemplo, cita la circular en la que García Ortiz ordenó una interpretación de la Ley del sí es sí contraria a la que terminaron avalando los tribunales. De ahí que pongan en duda la idoneidad de quien “impone un mandato en la forma en que deba interpretarse una norma que ha merecido tan importante corrección por los Tribunales y por el mismo Parlamento”.

Por su parte, el presidente por suplencia Vicente Guilarte y los 6 vocales progresistas que se opusieron a esta resolución explicarán sus discrepancias en un voto particular que emitirán próximamente.

Es la primera vez en la historia que el candidato propuesto por el Gobierno para dirigir la Fiscalía General no obtiene el plácet del CGPJ en el trámite de audiencia que establece la Constitución para este nombramiento.