La semana 'horribilis' del Gobierno por Pegasus: claves del caso de espionaje que podría tumbar la legislatura
El presunto espionaje a líderes independentistas ha desatado una guerra abierta entre Moncloa y Defensa sobre de quién es la responsabilidad y sigue generando tensión entre los socios de Gobierno, que hablan de que tanto la legislatura como la democracia se pueden ver afectadas.
La crisis política que ha generado el caso Pegasus está derivando en una importante tensión dentro del Gobierno. Después de haber soltado la bomba del espionaje al presidente del Gobierno y a Margarita Robles, el Gobierno se encuentra en una situación complicada.
¿Cómo estalló el caso y qué es el sistema Pegasus?
El martes 19 de abril se conoció la noticia de un presunto espionaje llevado a cabo entre 2017 y 2020 a 63 líderes independentistas catalanes como Pere Aragonès, Artur Mas o Quim Torra, que fueron espiados a través de sus dispositivos por el sistema informático Pegasus.
Este sistema de espionaje nació en 2011 y fue creado por tres exmilitares con el objetivo de luchar contra el cibercrimen, prevenir ataques terroristas o combatir la trata de personas y el tráfico de drogas.
Se trata de un spyware o software espía se infiltra en los móviles sin dejar rastro y que puede entrar a cualquier dispositivo a través de mensajes de texto o de brechas de seguridad de aplicaciones de mensajería instantánea.
El "malware" es capaz de conseguir un control casi ilimitado, sin que el usuario lo sepa. Detecta la ubicación del sujeto, entra en sus aplicaciones, graba conversaciones, accede a correos electrónicos, lista de contactos, fotos y vídeos, lee los mensajes de texto o acciona en remoto la cámara para tomar imágenes o grabar conversaciones.
Los líderes independentistas espiados
- El presidente de la Generalitat Pere Aragonès y los expresidentes Quim Torra y Artur Mas.
- La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs y su antecesor, Roger Torrent.
- Los eurodiputados de Junts Toni Comín y ClaraPonsatí y los de ERC Diana Riba y Jordi Solé.
- Los políticos de ERC: Ernest Maragall, Marta Rovira, Meritxell Serret, Sergi Sabrià, Josep Maria Jové y Xavier Vendrell.
- Políticos de Junts: Albert Batet, Elsa Artadi, Josep Rius, Josep Costa, Joan Ramon Casals, Joaquim Jubert, Francesc Homs, Marcela Topor, Meritxell Budó, Joan Matamala, Josep Lluís Alay, David Madí, Míriam Nogueras y Dolors Mas.
- Políticos del PDeCAT: David Bonvehí, Ferran Bel, Sergi Miquel, Marc Solsona y Marta Pascal.
- Políticos de la CUP: Albert Botran, Anna Gabriel, Carles Riera y David Fernàndez.
- Miembros de la ANC: Elisenda Paluzie, Jordi Sànchez, Arià Bayé, Jordi Domingo y Sònia Urpí.
- Òmnium Cultural: Txell Bonet (esposa de Jordi Cuixart), Marcel Mauri, Elena Jiménez y Jordi Bosch.
- Políticos de EH Bildu: Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.
- Abogados de los líderes del procès: Andreu Van den Eynde, Jaume Alonso-Cuevillas y Gonzalo Boye.
- Informáticos: Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives.
- Activistas: Albano Dante Fachín, Alba Bosch, Elies Campo, Maria Cinta Cid, Josep Maria Ganyet y Pol Cruz.
Tensión en el Gobierno tras el espionaje a Sánchez y Robles
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunció hace unos días que los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa fueron infectados con el software Pegasus en mayo y junio de 2021 y afirmó que después de estas fechas no constaba ninguna nueva intrusión.
Con respecto a las intrusiones, el ministro de la Presidencia explicó que estas "dieron lugar a que se extrajera determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles". Además, Félix Bolaños confirmó que ya se ha denunciado estas intrusiones ante la Audiencia Nacional.
Este hecho provocó un auge de la tensión interna en el Gobierno a cuenta de la responsabilidad del fallo de seguridad. La ministra Robles defendió la actuación del CNI y apuntó a Félix Bolaños como responsable del control de los móviles de Moncloa.
Por su parte, también se tensó la relación con Podemos después de que su secretaria general, Ione Belarra, pidiera explicaciones ante lo que consideraba una "profunda brecha en la seguridad del Estado". Asimismo, exigió depurar responsabilidades que apuntaban a la ministra de Defensa.
Marlaska, en el punto de mira
Otro de los frentes abiertos en esta crisis es el de la parte de socialista del Gobierno. Moncloa no quiere asumir responsabilidades en la gestión de la seguridad del Consejo de Ministros, y aunque se conoció que la seguridad de los móviles de Moncloa dependía de Félix Bolaños, desde un sector del Ejecutivo han apuntado a Interior, departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Sin embargo, según publicó el diario 'El País', citando a fuentes gubernamentales, el CNI habría asegurado que se habrían encontrado rastros de Pegasus en el teléfono móvil de Marlaska mientras trataba de verificar el ciberataque y determinar su alcance. De confirmarse la infección, Grande-Marlaska sería el tercer miembro del Gobierno que sufre los ataques del programa espía israelí.
El ministro aseguró "no tener conocimiento" sobre el supuesto ataque informático y se negó a hacer comentarios al respecto. Según indicaron fuentes del departamento, el Ministerio del Interior no recibió ninguna comunicación sobre el supuesto ataque.
¿Peligra la legislatura?
Por otra parte, el independentismo aseguró que no aflojaría su presión al Gobierno debido al "escándalo" que supone el caso Pegasus. El presidente catalán, Pere Aragonés, acusó a Pedro Sánchez de rompera la confianza entre el Gobierno central y el autonómico.
Aseguró que el presidente "dinamitó" la vía del diálogo con su gestión del caso, motivo por el cual urgió a marcar "un punto de inflexión" y aclarar "sospechas", así como "depurar responsabilidades".
Mientras, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, subrayó que el espionaje era un "escandalazo a nivel internacional" que se podía "cargar la legislatura y la democracia", por lo que instó al Gobierno a esclarecerlo.
También, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, apuntó que el espionaje a Sánchez y Robles demuestra que el Estado tiene "un grave problema de seguridad", por lo que reclamó nuevamente una comisión de investigación, porque no querer "conocer la verdad" les hace pensar que el Gobierno tiene que "esconder" alguna cosa.