Las recetas de las comunidades autónomas para enfrentarse al problema de la vivienda: más construcción, captar suelo y mejor financiación

Las comunidades autónomas afrontan el problema de acceso a la vivienda construyendo más unidades, enajenando suelo para hacerlo a futuro y facilitando la financiación a los jóvenes, entre otras medidas.

Las regiones están inmersas en distintas medidas para mejorar el acceso a la vivienda y, esencialmente, en planes para construir más. La vivienda sigue siendo una prioridad política y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, darán cuenta de ello con anuncios. Este domingo lo hará Feijóo, que firmará un gran acuerdo entre las comunidades autónomas donde gobierna el PP, y el lunes se conocerán nuevos anuncios por parte de Sánchez.

Mientras tanto, en Andalucía, el 'popular' Juanma Moreno anunció en el mes de diciembre que aprobará un decreto ley con medidas urgentes para construir 20.000 nuevas viviendas protegidas. Su consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, indicó que desde 2019 han impulsado la construcción de 6.700 viviendas en alquiler a precio asequible y han desarrollado suelos mediante la colaboración público-privada para otras 17.500.

Aragón comparte con Andalucía que ambas comunidades terminarán el año con una nueva Ley de Vivienda. En la región presidida por Jorge Azcón, este proyecto de ley se encuentra, desde el pasado 27 de diciembre, en fase de ser aprobado por las Cortes. En dicho texto se recogen puntos como que las viviendas protegidas de Aragón tendrán una protección mínima de 15 años y que las de titularidad pública no podrán ser enajenadas en ningún momento de su vida útil. También garantiza que aquellos que viven en una de estas viviendas nunca destinarán más del 30% de sus ingresos a pagarlas.

La vivienda protagonizó uno de los 25 compromisos que el presidente de Asturias, Adrián Barbón, detalló en su mensaje de Navidad. Entonces anunció que se pondrá en marcha del plan 'Alquilámoste' para movilizar el parque privado de vivienda asturiano. Barbón también aseguró que este año emprenderá la negociación del pacto social por una vivienda "pública, accesible y asequible" que implique a administraciones, sindicatos y empresariado y la aseguró que este año se licitarán 400 nuevas viviendas públicas.

En Baleares, el Instituto Balear de la Vivienda anunció que destinará 60 millones a incrementar el parque público de vivienda y el consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, aseguró que se licitarán 600 viviendas públicas en nuevas promociones. Igualmente, se invertirán 14 millones en el programa 'Lloguer segur', para la captación de viviendas vacías o sin uso residencial que se alquilarán a un precio un 30% inferior al de mercado. En paralelo, continuará el programa 'Garantía Hipoteca Ibavi' de ayuda para el acceso a una hipoteca para la compra de la vivienda habitual.

En octubre del año pasado, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, inauguró en Reinosa una promoción de 19 viviendas públicas, que forman parte de las 245 que prometió construir a lo largo de esta legislatura. También en octubre, Buruaga pactó con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) una prórroga de nueve meses -hasta junio de este año- para presentar ante el Parlamento el proyecto de Ley de Vivienda.

En Castilla-La Mancha, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, aseguró en noviembre que el 'Plan 10.000' para levantar 10.000 viviendas se encuentra en estos momentos al 40% de su ejecución. Además, prometió que este año se lanzará una convocatoria para enajenar suelo público con el fin de construir 1.500 viviendas en distinto régimen (alquiler, compraventa o cooperativa).

En Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los presidentes de las diputaciones provinciales firmaron en octubre un plan con el que pretenden construir 1.000 viviendas para jóvenes en entornos rurales hasta 2030. El proyecto de Presupuestos para 2025 contempla la construcción de 1.351 viviendas públicas en las nueve provincias, de las que 997 se destinarán a alquiler social para jóvenes y otras 354 a venta.

La situación en Canarias es especial, ya que este año concluye el Plan de Vivienda 2020-2025. Cuando se formuló, tenía como horizonte sumar 5.971 unidades al parque de viviendas protegidas, de las que unas 3.600 serían de nueva construcción. Asimismo, en 2023, el Gobierno de Canarias anunció 2.500 viviendas en los próximos cuatro años.

Zonas tensionadas en Cataluña, País Vasco y Navarra

Cataluña es una de las dos comunidades autónomas que ha declarado zonas tensionadas en su territorio en virtud de la Ley de Vivienda y, actualmente, en 271 municipios catalanes el aumento del precio del alquiler está limitado.

Respecto a la vivienda pública, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, anunció en octubre la construcción de 50.000 viviendas hasta 2030 y la creación de un Fondo Público de Emancipación dotado con 500 millones durante cinco años parar financiar el 20% de los gastos de compra de 12.000 viviendas para jóvenes menores de 35 años. Este año, además, se realizará la primera convocatoria a través de la Reserva de Suelo, un instrumento para ayudar a los ayuntamientos a dinamizar el suelo público.

Este 2025 será el último año en el que se venderán viviendas de protección oficial en el País Vasco. El año pasado, el Gobierno de Imanol Pradales decidió que las nuevas promociones de vivienda protegida tendrán que destinarse únicamente al alquiler. Además, Rentería se convirtió el pasado octubre en el primer municipio vasco en declararse zona tensionada y otros como Irún, Lasarte, Galdácano o Zumaia ya han solicitado tener la misma calificación. Respecto a la construcción de vivienda, el consejero del ramo del País Vasco, Denis Itxaso, prometió el año pasado 7.000 viviendas públicas en los próximos cuatro años.

En Navarra, la perspectiva es iniciar este año la elaboración de la nueva Ley Foral de Viviendas Colaborativas, que pretende regular y dotar de un marco jurídico el acceso a vivienda asequible. El Gobierno navarro también pretende poner en marcha una empresa mixta para la promoción y construcción de vivienda asequible y declarar zonas tensionadas en la primera mitad del año. Asimismo, Navarra está inmersa en el plan 'Navarra Social Housing' que prevé la construcción de 1.116 viviendas por todo el territorio hasta 2027.

La Comunidad de Madrid anunció en diciembre que entregará cerca de 3.000 nuevas viviendas de alquiler a precio asequible del 'Plan Vive' en este primer semestre y durante los primeros tres meses del año va a licitar los primeros 2.000 inmuebles destinados a jóvenes de hasta 35 años. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aumentó el año pasado los fondos del plan 'Mi Primera Vivienda', cuyo fin es ayudar a los más jóvenes a adquirir su primera vivienda, y amplió el límite de edad hasta los 40 años.

En la Comunidad Valenciana, el también llamado 'Plan Vive' tiene como objetivo construir 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 mediante la movilización de suelo público disponible y la colaboración público-privada. Esto se ha culminado en acuerdos como el firmado esta semana entre la consejería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la constructora Culmia para levantar 227 viviendas protegidas.

En Extremadura, los Presupuestos para 2025 reflejan partidas para construir viviendas de promoción pública para alquiler social para familias en situación de vulnerabilidad habitacional, también viviendas para el resto de ciudadanos y para rehabilitación.

En Murcia, UGT presentó el pasado mes de octubre una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se estimulase la construcción de vivienda pública, ya que solo el 0,39% del total de viviendas construidas son de titularidad pública. El Gobierno regional ha anunciado ayudas para la compra de vivienda protegida de nueva construcción, un inventario de suelos públicos municipales disponibles para este tipo de vivienda y tiene disponible el Aval Joven de la Región de Murcia para avalar el 20% del importe de la hipoteca.

En La Rioja, el consejero de Vivienda, Daniel Osés, prometió en octubre invertir 12,3 millones de euros en 125 viviendas nuevas para alquiler asequible repartidas por localidades como Logroño, Calahorra, Alfaro, Haro o Torrecilla en Cameros.

En Galicia, el Gobierno de Alfonso Rueda manifestó en noviembre que su objetivo es duplicar el parque público de vivienda hasta llegar a las 8.000 y facilitar suelo para construir 25.000 nuevas viviendas, 20.000 de ellas protegidas y 5.000 libres.

Por último, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también tienen planes. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, le propuso a la directora general de la Entidad Pública Estatal de Suelo (Sepes) construir 1.000 viviendas públicas en la ciudad en una reunión mantenida en octubre, y en Melilla está previsto que se construyan 700 viviendas durante los próximos cuatro años.