De los quince díscolos, siete son los representantes del PSC: Meritxell Batet, Manuel Cruz, Lídia Guinart, José Zaragoza, Mercé Perea, Marc Lamuà y Joan Ruiz. El resto son la jueza Margarita Robles y la excomandante Zaida Cantera (independientes por Madrid), los dos diputados por Baleares Sofía Hernanz y Pere Joan Pons, el vasco Odón Elorza, la aragonesa Susana Sumelzo, la gallega Rocío de Frutos y la castellanoleonesa María Luz Martínez Seijo.
Dos diputadas cercanas al dimitido Pedro Sánchez que formaron parte de su ejecutiva, la murciana María González Veracruz y la asturiana Adriana Lastra, han utilizado la fórmula "por imperativo, abstención", para acatar la resolución de su partido, pero a la vez dejar constancia de su disconformidad.
Los quince diputados socialistas que han desobedecido votando no a la investidura de Rajoy serán sancionados previsiblemente por la dirección de su grupo con multas de 600 euros, sin perjuicio de que la gestora pueda iniciar, por su parte, el procedimiento estatutario que conduce a su expulsión.
Tanto los díscolos como otras fuentes del grupo socialista dan por segura la multa de 600 euros, prevista en el reglamento interno del grupo e impuesta en otros casos de desobediencia. Por otra parte, los Estatutos Federales y el Reglamento de Cargos Públicos del PSOE facultan al grupo y a la ejecutiva a "denunciar su conducta" al Comité Federal, que si la estima "grave" podría proceder a "darles de baja en el grupo parlamentario".
En ese caso, el Comité Federal les incoaría un expediente que sería tramitado y resuelto por la Comisión de Ética y Garantías del partido. Al estar en este momento el PSOE dirigido provisionalmente por una comisión gestora, sería éste el órgano que impulsaría la expulsión de los díscolos, algo que su presidente, Javier Fernández, ha dicho en los últimas días que no tenía "en la cabeza".
En el caso de los siete diputados del PSC, la ruptura de la disciplina de voto que han consumado podría suponer la revisión del "protocolo de unidad" que lo vincula con el PSOE desde 1978; un documento que no se ha tocado desde entonces y que garantiza la participación de los socialistas catalanes en los principales órganos del PSOE: la Comisión Ejecutiva Federal, el Comité Federal y el Congreso Federal.