El caso Leire sigue su curso en la Audiencia Nacional. La última novedad pasa por la decisión del juez Pedraz de imputar a 25 directivos de empresas públicas y privadas vinculadas con presuntas adjudicaciones irregulares a contratos públicos.
En la lista de imputados figura la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda. Como al resto de directivos, el magistrado acuerda citar a Gualda tras apreciar "indicios de criminalidad" en la pieza separada del caso Leire.
La investigación se centra en el funcionamiento de una supuesta trama en la que habrían participado entidades como la SEPI para manipular procedimientos administrativos y obtener beneficios económicos. Por ello, la propia SEPI ha vuelto al foco en el caso y aumenta la polémica por su labor.
Pero, ¿qué es la SEPI? Se trata del gran holding público español, de la Administración General del Estado, que depende de Hacienda y agrupa participaciones en más de una veintena de empresas que operan en sectores clave como defensa, energía, comunicaciones, alimentación o industria.
El Estado controla a través de este entramado compañías como Correos, RTVE, Navantia, Enusa o Mercasa. Todas ellas prestan servicios esenciales, gestionan contratos públicos de gran volumen y tienen capacidad de influencia en asuntos como la economía y el empleo.
Además, la SEPI administra fondos extraordinarios, como los creados durante la pandemia para rescatar empresas que se consideran estratégicas. Estas líneas de apoyo ascienden a cientos de millones de euros en la mayoría de los casos.
Así, la combinación de poder financiero, capacidad de rescate y control sobre sociedades clave convierte a la SEPI en un actor crucial en una presunta trama como la que se investiga en el caso Leire.