Por qué los saharauis quedan fuera de la regularización masiva de inmigrantes en España
Los saharauis quedan fuera de la regularización porque el Gobierno ha excluido expresamente a los solicitantes del estatuto de apátrida, y el propio Consejo de Estado recomendó no incluirles en el mismo canal que los solicitantes de protección internacional.
El Real Decreto‑ley aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026 abre una ventana extraordinaria para más de medio millón de personas en situación irregular, pero excluye explícitamente a las personas apátridas, colectivo que en España está compuesto en su mayoría por saharauis. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que se trata de evitar solapamientos entre procedimientos, ya que los apátridas cuentan con un régimen específico de protección y tramitación administrativa.
En borradores iniciales de la norma, los solicitantes de apatridia sí aparecían junto a los solicitantes de protección internacional como colectivo apto para la regularización, pero el texto definitivo los suprime. Esta modificación responde, según el Ejecutivo, a un dictamen del Consejo de Estado que advierte que mezclar apátridas y solicitantes de asilo crea tratamientos equivalentes a situaciones muy distintas y podría generar inseguridad jurídica y duplicidades en los trámites.
Razones políticas y polémica
Sumar y diversas entidades prosaharauis denuncian que la exclusión no es técnica sino política, y la vinculan a la presión de Marruecos y al deseo de no "desestabilizar" más la relación bilateral. El Frente Polisario y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara califican la medida como un agravio comparativo, ya que miles de saharauis llevan años empadronados, trabajando en negro y cotizando a la Seguridad Social, pero siguen sin poder regularizar su residencia y empleo.
En este contexto, la ministra de Sanidad Mónica García, que pertenece a Sumar, ha señalado que su grupo impulsará la proposición de ley ya registrada en el Congreso para conceder nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española del Sáhara Occidental (antes de 1976), con el objetivo de "regularizar e interiorizar" al pueblo saharaui.
Sin embargo, esa iniciativa lleva varada desde 2024 en la Comisión de Justicia, con el PSOE como principal bloqueante, lo que ha llevado a voces de la propia coalición gobernante a hablar de "inacción" y "política contra el pueblo saharaui con el consentimiento de la izquierda".
Algunas cifras y consecuencias prácticas
Según datos del Ministerio del Interior, los saharauis concentraron casi el 71 % de las solicitudes de estatuto de apátrida en 2024, porcentaje que en años anteriores llegó incluso al 96 %. Pese a que el Gobierno sostiene que este colectivo está "protegido", las asociaciones recuerdan que sin autorización de residencia y trabajo los saharauis a menudo se ven abocados a la economía sumergida, la vulnerabilidad laboral y la precariedad social.
En resumen, los saharauis quedan fuera de la "regularización masiva" no por un olvido accidental, sino por una decisión normativa que combina argumentos jurídicos del Consejo de Estado con una estrategia política que los deja en un limbo entre la apatridia y la posibilidad teórica de una futura ley de nacionalidad o de ajustes parlamentarios que aún no se han materializado.