Qué es el registro de objetores de conciencia que propone el Gobierno y rechaza Ayuso
El Gobierno da un plazo de tres meses a Asturias, Aragón, Madrid y Baleares para poner en marcha el registro de objetores de conciencia frente al aborto como marca la ley.
👉 Ayuso considera impropio de una democracia liberal estigmatizar a los profesionales sanitarios objetores del aborto
Pedro Sánchez remitió una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares en la que les da un plazo de tres meses para poner en marcha el registro de objetores de conciencia frente al aborto, como marca la ley.
Según señalan fuentes del Gobierno, "en el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento".
"La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres", señalan las mismas fuentes.
¿Qué es el registro de objetores de conciencia?
La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo obliga desde 2023 a todas las comunidades autónomas a disponer de un registro de objetores, instrumento aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024, y que es de obligado cumplimiento para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.
El protocolo específico para la creación del registro de objetores de conciencia de la interrupción voluntaria del embarazo establece cómo debe crearse el protocolo y quién puede declararse objetor.
En cuanto a quién puede declararse objetor de conciencia, el protocolo recoge que de acuerdo a la Ley Orgánica 2/2010, sólo se podrá admitir en el registro de personas objetoras de conciencia para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo a aquellas que intervienen directamente en un proceso de interrupción, es decir, aquellas que realicen actos necesarios y directos, anteriores o simultáneos, sin los cuales no fuese posible llevarla a cabo.
Estos perfiles profesionales son: el personal médico especialista en ginecología y obstetricia, anestesiología y reanimación y medicina familiar y comunitaria, los/las titulados/as en enfermería y las matronas, no admitiéndose otro tipo de personal.
Datos especialmente protegidos
Además, el protocolo recoge que los datos incluidos en este registro son datos que tienen la consideración de categorías especiales, es decir, son datos especialmente protegidos y la información contenida en el registro estará restringida a aquellas personas implicadas en la gestión y organización de los recursos humanos necesarios para garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en cada servicio de salud autonómico.
Ayuso, en contra
La presidenta madrileña ha asegurado que no es partidaria de que se persiga o se señale a ningún profesional sanitario por "practicar o no querer practicar un aborto", y ha considerado que esta "estigmatización" no es propia de una democracia liberal.
Situación de los abortos practicados en la sanidad pública
La ministra de Sanidad, Mónica García, va a presentar este martes al Consejo de Ministros un informe sobre la situación de los abortos practicados en la sanidad pública en los últimos años que, aunque han ido subiendo, siguen siendo una minoría respecto a los realizados en la privada, con grandes diferencias por comunidades.
Este nuevo documento elaborado por el Ministerio de Sanidad llega un día después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, remitiera una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares en la que les da un plazo de tres meses para poner en marcha el registro de objetores de conciencia como marca la ley.
Se realizaron 106.172 abortos en 2024
En su nuevo informe, Sanidad hace un repaso a la situación y acceso al aborto en España en los últimos años tras haber publicado la semana pasada los datos de interrupciones voluntarias del embarazo de 2024, cuando se realizaron 106.172 intervenciones, 3.000 más que en 2023, lo que supone un 3 % de aumento. El 78,74 % de esos procedimientos se realizaron en centros privados.
Los abortos ejecutados en la privada sumaron así un total de 83.609 intervenciones, 563 menos que en 2023, "un descenso leve, pero no suficiente", tal y como lamentó la semana pasada la ministra, que avisó de que su departamento trabaja para que la ley se cumpla y las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública "sin obstáculos y sin desigualdades territoriales".