Ayuso considera impropio de una democracia liberal estigmatizar a los profesionales sanitarios objetores del aborto
La presidenta Díaz Ayuso se tomará su tiempo para responder al requerimiento lanzado por Pedro Sánchez a cuatro comunidades autónomas, Madrid entre ellas, para que elabore un registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos. Desde Leganés ha avanzado que "ya veremos lo que le voy a ir contestando".
La Ley, reformada en 2023, obliga a las comunidades a elaborar un registro de profesionales objetores de conciencia a la hora de practicar un aborto. De ahí que el presidente del Gobierno haya remitido a los presidentes de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares una carta para exigirles que garanticen el derecho al aborto en la sanidad pública. La presidenta madrileña asegura no ser partidaria de que se persiga o se señale a ningún profesional sanitario por "practicar o no querer practicar un aborto", y ha considerado que esta "estigmatización" no es propia de una democracia liberal. Declaraciones realizadas en una visita al nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital público José Germain en Leganés.
FLOTILLA DE LA LIBERTAD
Díaz Ayuso también se ha referido a la llegada a España de varios miembros de la Flotilla de la Libertad, aunque ha cuestionado su nombre. Lamenta que en ella fuesen dos exmiembros de ETA y señaló que "no parece que sea la flotilla de la paz precisamente; estaban condenados por pertenencia a banda terrorista y uno de ellos por intento de asesinato".
Por último, considera que Pedro Sánchez "está tardando en dimitir" porque "España no merece esto", en referencia al último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su vinculación económica con su exasesor Koldo García: "o que conocemos en los últimos días y a gran velocidad demuestra que hay grandes tramas de corrupción que están rodeando al presidente y a su entorno, pero también al partido", ha señalado. Ha condenado la "utilización de los poderes del Estado" para "proteger" a Sánchez, a su familia y su entorno.
