El caso Plus Ultra sigue su curso judicial. Las últimas novedades pasan por la estrategia de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que pide dejar fuera del caso las supuestas gestiones en Bolivia por ser "ajeno" a la causa.
En este sentido, denuncia lo que considera una "patente de corso" por parte del juez Calama para que la investigación se dirija a "cualquier actuación personal o profesional de la vida" del expresidente. El uso de esta expresión ha suscitado muchos comentarios, como apuntaba Rafa Latorre en Más de uno: "Hay metáforas que son arriesgadas, como la patente de corso".
"La patente de corso de la que habla la defensa de Zapatero. No mentaría la piratería caribeña en el caso Zapatero", apunta Latorre, que se refiere a dicha expresión utilizada por la defensa del expresidente a cuenta del informe de la UDEF que atestigua que Zapatero recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como contraprestación por hacer de intermediario con el Gobierno de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, con causas judiciales abiertas en aquel país.
Esta estrategia de la defensa de Zapatero ha devuelto a la actualidad dicha expresión, que se usa en sentido figurado para querer decir existe libertad total, permiso o impunidad para hacer algo sin que nadie controle o castigue el hecho.
La expresión se remonta a la época de la piratería. La patente de corso era un documento oficial emitido entonces por un ejecutivo o un monarca con autorización a un marino para atacar, capturar y saquear algún barco o población en concreto. Los corsarios entonces actuaban de esta manera para debilitar a los enemigos.
La UDEF precisó que el pago se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta", llamada Focus Social Research, por la "prestación de servicios de asesoría" e indicó que el exdirigente realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas.
También subrayó que esa empresa "únicamente aparece en dos momentos, para la firma del contrato y para el abono de las facturas, no habiendo referencia alguna a gestión o asesoramiento practicado a favor de esta sociedad".
Y apuntó que Zapatero "se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia" como el entonces presidente Luis Arce o "los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado", materializándose encuentros presenciales durante un viaje que hizo a las ciudades bolivianas de La Paz y Sucre en septiembre de 2024.
Los agentes explicaron que el objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de Grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia.
A su juicio, estos hechos "apuntalan" los indicios de "la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".
Igualmente, consideraron que hay nuevos indicios de que "el ejercicio de dichas influencias sería remunerado por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados, creando contratos 'ad hoc' para justificar dichos pagos".