El contrato millonario que Zapatero no quiere que el juez del caso Plus Ultra investigue
El expresidente del Gobierno ha pedido a la Audiencia Nacional anular el informe de la UDEF sobre Bolivia, pues lo considera una intromisión ilegítima en su intimidad y una investigación general sobre su vida.
Toño López-Carrasco | Agencias
Madrid |
José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a ser noticia por pedir durante la tarde de ayer al juez Calama que no investigue los pagos recibidos de 200.000 euros tras intermediar con el Gobierno de Bolivia con el grupo peruano Gloria, camuflado bajo la empresa Focus Social Research. Asimismo, ha acusado al magistrado de usar una "patente de corso" para poder investigarle sobre cualquier aspecto personal y profesional.
La defensa del expresidente del Gobierno ha recurrido ante la Audiencia Nacional para intentar que quede fuera de la investigación del caso Plus Ultra, por el cual se le acusa de presunto tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea, la información relacionada con sus supuestas gestiones en Bolivia.
Zapatero sostiene que las pesquisas sobre su actividad para el grupo empresarial peruano Gloria parten de documentación obtenida durante los registros practicados en el marco de la causa, pero que esa información se encontraba fuera del objeto concreto de la investigación autorizado judicialmente.
La postura de la UDEF
La UDEF sostiene que los 200.000 euros que Zapatero recibió de Focus Social Research, la sociedad peruana utilizada para camuflar el pago del Grupo Gloria, no respondían simplemente a un trabajo de consultoría, sino que encubrían una labor de intermediación e influencia en Bolivia en favor del grupo empresarial. Los investigadores consideran que el contrato podría ser "simulado" y relacionan el pago con las gestiones realizadas para ayudar al grupo peruano a resolver sus problemas con las autoridades bolivianas.
En concreto, la Policía apunta a que Zapatero habría utilizado sus contactos políticos para favorecer los intereses del Grupo Gloria, que se enfrentaba a una reclamación de unos 107 millones de dólares en Bolivia. Esta es la tesis de la UDEF dentro de la investigación, no un hecho probado judicialmente; la defensa del expresidente niega esa interpretación y sostiene que se trató de un contrato legítimo de asesoramiento.
El silencio de Zapatero ante el juez
Durante el interrogatorio ante el juez José Luis Calama, Zapatero fue preguntado expresamente por Focus Social Research. El magistrado quiso conocer qué trabajos había realizado para esta compañía, ante lo que el expresidente se limitó a responder que se trataba de trabajos "de asesoramiento". Cuando Calama le pidió que profundizara en qué había consistido ese asesoramiento, Zapatero evitó entrar en detalles y afirmó: "No, está en el contrato y no voy a profundizar más".
El juez volvió a insistir sobre la naturaleza de ese contrato y las actuaciones que había llevado a cabo para la empresa, pero Zapatero mantuvo su negativa a explicar el contenido de sus trabajos. "No, no voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está", respondió. Estas respuestas cobran especial relevancia después de que la UDEF haya vinculado posteriormente esos 200.000 euros con supuestas gestiones realizadas por el expresidente ante las autoridades de Bolivia en beneficio del grupo empresarial peruano Gloria.
¿En qué consistía el contrato de los 200.000 euros?
La controversia se centra especialmente en los 200.000 euros que Zapatero habría recibido en 2024 por sus trabajos de intermediación para el Grupo Gloria. Según un informe de la UDEF incorporado al procedimiento, el expresidente habría realizado gestiones ante autoridades bolivianas en favor de los intereses de la empresa peruana. El grupo Gloria, por su parte, ha reconocido el pago y sostiene que contrató a Zapatero para facilitar un acuerdo con las autoridades de Bolivia relacionado con una indemnización por la expropiación de una de sus empresas, aunque niega que su cometido fuese interferir en procesos judiciales.
Según el recurso de la defensa, estas actuaciones supondrían ampliar el alcance de la causa original, centrada en el rescate de Plus Ultra, hacia hechos que no guardaban relación directa con el objeto inicial de las pesquisas. El escrito denuncia así una investigación que, a su juicio, habría terminado convirtiéndose en una especie de pesquisa general sobre la actividad económica del exmandatario.
El juez José Luis Calama ya ha avalado que la Policía continúe investigando los 200.000 euros y las supuestas gestiones de Zapatero en Bolivia, por lo que ahora será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que deberá pronunciarse sobre los argumentos de la defensa.