Qué es el delito de sedición que quieren reformar los independentistas

El Gobierno insiste en que la reforma del delito de sedición no tiene ninguna relación con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a los presupuestos. Sin embargo, Moncloa sigue abierta a una reforma de este delito para hacerlo equiparable a las principales democracias europeas. No obstante, de momento la reforma no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria por lo que desde el Gobierno no lo ven como un tema prioritario.

Desde ERC han dejado claro que van a ser "exigentes" con el Gobierno para que los estándares de esta ley se equiparen a los de países como Alemania, Suiza o Francia. La formación republicana también desliga este asunto del apoyo en los presupuestos aunque reconocen que generaría una mayor confianza para avanzar también en este asunto. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha señalado que "se está estudiando" la forma para introducir cambios en la tipificación del delito.

En caso de equipararlo a países de nuestro entorno, la pena no pasaría de los cinco años de cárcel. Solo Portugal tiene una pena mayor que puede ir del año a los 8 años pero lejos de los 10 a 15 años de España.

¿Qué es el delito de sedición?

Es un delito contemplado en el artículo 544 del Código Penal que recoge que "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

El delito de sedición está penado con 8 años de cárcel pero la pena puede ser mayor si quiénes incurren en el delito tienen cargos de autoridad. En ese caso se aplicará de 10 a 15 años y quedarán inhabilitados para el ejercicio de empleos o cargos públicos.

En el caso concreto de los presos del procés, una rebaja de condena significaría que también se les rebajaría el tiempo de inhabilitación. Es el caso de los nueve condenados por sedición que fueron indultados de pena de cárcel: Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

En cuanto a los fugados Carles Puigdemont, los ex consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí y la ex secretaria general de ERC Marta Rovira, se les rebajaría el tiempo de prescripción para el delito por lo que podrían regresar antes a España.