La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha señalado al Tribunal Supremo que "una lectura desapasionada" de la ley de amnistía "permite manifiestamente su aplicación a los hechos (...) calificados como delito de malversación de caudales públicos" en el auto por el que el Supremo le procesó por su participación en el 'procés' independentista catalán.
Así lo explica el abogado Gonzalo Boye en un escrito en el que solicita además "el levantamiento de las medidas cautelares" que le afectan, refiriéndose específicamente a la orden de busca y captura e ingreso en prisión que pesa sobre él y que fue acordada mediante auto de 12 de enero de 2023.
En 23 páginas, responde a la petición del instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, de que se posicionaran sobre si era aplicable el perdón para ese delito concreto.
Para el letrado, "no cabe duda alguna acerca de que los presuntos actos atribuidos a las personas ilegalmente procesadas en la presente causa penal, calificados de delito de malversación de caudales públicos, de haber existido, lo habrían sido con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017".
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que levante la orden de arresto contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y que declare amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados en el "procés".
En sendos informes, el ministerio público solicita formalmente al alto tribunal que aplique la ley de amnistía íntegramente al exvicepresident Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como a aquellos que huyeron, incluido Puigdemont, dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- o la dirigente de ERC Marta Rovira, a quienes reclama que se les retire las órdenes de detención.