Prórroga de los descuentos al transporte y fin de la rebaja del IVA en alimentos: las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba una batería de medidas en el último Consejo de Ministros del año, desde la extensión del impuesto a las energéticas a la revalorización de las pensiones, entre otras.
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El Gobierno ha aprobado este lunes, en el último Consejo de Ministros del año, una batería de medidas que incluye la prórroga de la bonificación al transporte durante seis meses, la extensión del gravamen a energéticas o la ampliación del llamado 'escudo antiopas', entre otras.
Para el último Consejo de Ministros del año, que se celebra de forma extraordinaria este lunes por la festividad de la Nochebuena el martes, el Gobierno tiene preparado un paquete de medidas con la prórroga de algunas medidas y otras que decaen a finales de año.
Todas las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros
Escudo social: desahucios y transporte
Entre ellas, destaca la extensión durante un año de la prohibición de desahucios a familias vulnerables, así como la ampliación durante seis meses más de las actuales ayudas al transporte, tras haber llegado a un acuerdo con Podemos.
Lo que no se ha especificado aún es si se mantiene la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en caso de impago, que en principio está en vigor hasta finales de este año.
Prórroga del impuesto a las energéticas
El Gobierno también tiene previsto aprobar la prórroga del gravamen a energéticas, para que entre en vigor antes de la derogación del tributo que aprobó el Congreso de los Diputados con apoyo del PP, PNV y Junts.
Como todo decreto ley, la prórroga del gravamen de las energéticas habrá de someterse en el Pleno del Congreso en el plazo de 30 días para su convalidación y derogación, y ahí es donde el Gobierno no tiene garantizados sus apoyos dada la negativa de PNV y Junts. Por ello, Hacienda piensa ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que al impuesto no se opone porque su gestión correspondería a las haciendas forales vascas y navarra.
Subida del diésel
Es probable también que el Ejecutivo apruebe finalmente la subida de la fiscalidad del diésel para equipararla al de la gasolina, cumpliendo con el compromiso adquiridos con la Comisión Europea.
Prórroga del escudo 'antiopas'
Previsiblemente, el Consejo de Ministros aprobará también este lunes la prórroga del blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo 'antiopas'. La medida deja en manos del Gobierno la autorización de las inversiones extranjeras en empresas estratégicas cotizadas en las que se pretenda superar el 10% del capital, así como en aquellas no cotizadas en las que la inversión supere los 500 millones de euros.
De acuerdo con las últimas cifras, el escudo antiopas solo tumbó una operación desde su puesta en marcha en 2020 hasta 2023. En concreto, el Gobierno tan solo aplicó el denominado escudo 'antiopas' entre marzo de 2020 y finales de 2023 para desautorizar una operación de las 264 que se han sometido al escrutinio de esta normativa.
Decae la rebaja del IVA en estos alimentos
La medida que decaerá, si se cumple el plan previsto, es la rebaja del IVA a estos alimentos básicos:
- Aceite de oliva.
- Pasta.
- Aceites de semilla.
A lo largo de este año, el tipo de este impuesto ha ido recuperando su nivel y se espera que el 1 de enero ya registre sus porcentajes habituales. Desde octubre y hasta el 31 de diciembre, el tipo de los alimentos básicos --pan, huevos, verduras o frutas-- y del aceite de oliva se sitúa en el 2%, mientras que el IVA para la pasta y los aceites de semilla alcanza el 7,5%.
Con el nuevo año, y ante la moderación significativa de precios tras la crisis inflacionaria, el IVA de los alimentos básicos volverá al 4% --el tipo superreducido--, mientras que el de la pasta y los aceites de semilla volverá a situarse en el 10% --el reducido que se aplica a la alimentación--.
Eso sí, cuando los tipos vuelvan a la normalidad, el IVA del aceite de oliva será del 4% --el superreducido-- en lugar del 10% que venía soportando en el pasado.
Bono social eléctrico
Lo que sí se mantiene en 2025, según lo ya aprobado en el último paquete de medidas anticrisis, son los descuentos del bono social eléctrico, hasta el 30 de junio del próximo año. Desde el 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, el descuento para los consumidores vulnerables era del 57% y para los consumidores vulnerables severos del 72,5%.
Así, del 1 de enero de 2025 al 31 de marzo de 2025, el descuento será el siguiente:
- Para los consumidores vulnerables será del 50%.
- Para los consumidores vulnerables severos, del 65%.
Del 1 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025, el descuento quedará así:
- Para los consumidores vulnerables, del 42,5%.
- Para los consumidores vulnerables severos, del 57,5%.
A partir del 1 de julio de 2025, el descuento quedará con carácter indefinido para reforzar el nivel de protección habitual previo al estallido de la crisis energética, situado en el 25% para los primeros y en el 40% para los segundos:
- Para los consumidores vulnerables será del 35%.
- Para los consumidores vulnerables severos, del 50%.
Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado
Los criterios de aplicación de la prórroga en 2025 de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 es otra de las cuestiones que ha tenido que abordar el Ejecutivo este lunes. Ante la imposibilidad de sacar adelante, por segundo año consecutivo, unas nuevas cuentas públicas, el Gobierno debe dar 'luz verde' a un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2025 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) vigentes en el año 2023.
Se cumpliría así con lo recogido en el artículo 134 de la Constitución Española, donde se determina que, si no se ha aprobado una nueva Ley de Presupuestos el 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos Generales del ejercicio anterior --en este caso de 2023 porque en 2024 no hubo PGE-- hasta la aprobación de otras cuentas públicas.
Aunque se encuentra ya iniciado el proceso de elaboración de las próximas cuentas públicas con la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad por parte del Consejo de Ministros --queda pendiente aún la tramitación parlamentaria--, es necesario adoptar los criterios de prórroga de los Presupuestos de 2023 hasta la aprobación de las nuevas cuentas públicas de 2025.
Real Decreto-Ley para la revalorización de las pensiones
El Consejo de Ministros también aprueba un Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas y de otras prestaciones públicas para 2024, con un alza del 2,8% de las pensiones contributivas.
La pensión media de jubilación en España se situó en 1.441 euros mensuales en noviembre según los datos de la Seguridad Social, así, con la subida del 2,8%, un pensionista que cobre la media percibirá en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, suponiendo un incremento anual de 564,87 euros o de 40,3 euros por mes en catorce pagas. Asimismo, las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales en 2025.
La revalorización del 2,8% para 2025 beneficiará a cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Por su parte, las pensiones mínimas subirán alrededor del 6 % en 2025, mientras que el ingreso mínimo vital (IMV) y las pensiones no contributivas lo harán un 9 %, según ha detallado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En un comunicado, Inclusión señala que en el caso de las mínimas habrá algunas que suban más como las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 9,1 %.
Se trata, tal y como recogió la última reforma de pensiones, de incrementos superiores al alza del 2,8 % aprobada este lunes para el resto de pensiones contributivas.
Unos 2,5 millones de personas (2,1 millones las mínimas y unas 450.000 las no contributivas) cobran estas prestaciones que se acordó elevar más que el resto para ir atajando la brecha de estas prestaciones con el umbral de la pobreza.