Los conductores de coches diésel verán cómo aumenta su gasto al rellenar el depósito a partir del año que viene. Aunque el Gobierno ya intentó subir los impuestos del diésel para equiparar su precio al de la gasolina en 2021, el PNV frenó la iniciativa. Ahora, el Ejecutivo tiene la presión de la Comisión Europea detrás y la idea es que la medida entre en vigor a partir de abril. El objetivo es que la UE desbloquee 7.200 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation.
Si el Gobierno quiere recibir la siguiente partida de los fondos europeos Next Generation tiene que aprobar más de una decena de normas con rango de ley. Sin embargo, la Comisión Europea le ha concedido más tiempo a cambio de adelantar la probación de otras y subir la fiscalidad del diésel, incluyéndola como una nueva exigencia vinculada a los fondos europeos.
Esta reforma fiscal debería haberse aprobado a principios de 2023, pero el Gobierno hizo caso omiso a los expertos. El Ejecutivo ya había intentado hace un mes su aprobación, si bien se encontró con la resistencia de Podemos porque consideraba que se penalizaba a las familias de rentas bajas, que son las que poseen vehículos de gasoil.
Ahora, el Gobierno tiene la presión de la Comisión Europea ya que si no se aprueba antes de marzo, se bloquearán parte del quinto desembolso de los fondos Next Generation por no cumplir con este compromiso.
En España hay 13,09 millones de coches diésel. Con la nueva reforma fiscal el litro pasará a costar casi 10 céntimos más, pasando de los 0,379 euros el litro a 0,47269. Esto supone que, en un depósito estándar de 50 litros, el aumento sea de cinco euros más que ahora.
Habrá una excepción: esta medida no se aplicará si durante dos meses consecutivos, el precio del diésel es superior a los 2 euros por litro.
La patronal de los automóviles, Anfac, ha explicado que en 2023 la fiscalidad vinculada al automóvil aporto 39.500 millones de euros a las arcas públicas. Con este nuevo impuesto, los ingresos al Estado subirían hasta los 2.900 millones y situaría a España como el cuarto país europeo con mayor contribución fiscal del automóvil.