El Congreso de los Diputados ha rechazado los siete vetos presentados por los grupos de la oposición al proyecto de ley del presupuesto general del estado de 2023, por lo que las cuentas públicas podrán continuar ahora con su tramitación parlamentaria.
Las enmiendas a la totalidad habían sido presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, Foro Asturias, la CUP y los diputados expulsados de UPN, y han sido rechazadas con 186 votos en contra, frente a los 159 a favor y 3 abstenciones.
En esta segunda jornada del debate de totalidad del proyecto de ley de presupuestos han intervenido los socios tradicionales del Gobierno, ERC, PNV y EH Bildu, que han rechazado los vetos pero han advertido al Gobierno que deberán seguir negociando para conseguir su apoyo definitivo a las cuentas, algo fundamental para que éstas prosperen.
A partir de ahora, las nuevas cuentas públicas pasarán a debatirse ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, primero en fase de ponencia (a puerta cerrada) y después en Comisión, durante las próximas dos semanas.
Antes, este mismo viernes, los grupos deberán registrar sus propuestas para modificar el Presupuesto a través de enmiendas parciales, que irán debatiéndose y votando en las próximas semanas.
Si supera sus sucesivas votaciones, el proyecto pasaría a ser examinado por el Pleno del Congreso durante la semana del 21 de noviembre. Será entonces cuando el Gobierno deba tener atados todos sus apoyos con sus socios, con el fin de superar las votaciones decisivas de cada uno de sus proyectos.
En la negociación del apoyo a los presupuestos se da por hecho que el de ERC es a cambio de la reforma del delito de sedición aunque el Gobierno ha insistido en desvincularlo de los presupuestos.
Pero ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que desde la tribuna del Congreso ha anunciado esta mañana que se reformará el código penal, incluyendo el delito de sedición. Aunque ha querido puntualizar que esta reforma nada tiene que ver con la negociación de las cuentas públicas.