El presidente de Sortu, condenado a dos años por integración en grupo terrorista

La inhabilitación impuesta afecta al desempeño de cargo público de ámbito municipal, provincial, autonómico, estatal y europeo por el tiempo de condena, según se precisa en la sentencia fechada ayer y hecha pública hoy, que se articula sobre la base del acuerdo entre la Fiscalía y el acusado.

La causa contra Arraiz se desgajó del proceso principal que se siguió en la Audiencia Nacional contra 35 acusados de formar parte de la Mesa Nacional de Batasuna, reunida en la localidad de Segura (Gipuzkoa) en octubre de 2007, y que se resolvió con un acuerdo entre las partes por el que asumían los hechos pero se libraban de ingresar en prisión.

En el TSJPV, las acusaciones populares representadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y por Dignidad y Justicia no rubricaron el acuerdo entre el Ministerio Público y el letrado de Arraiz, y mantenían su petición de 10 años de pena para el acusado.