Los plazos de la situación de Begoña Gómez: cuándo se sentaría en el banquillo
Tras la instrucción del Juez Peinado ahora la situación procesal pasa a la Audiencia Provincial de Madrid.
Pedro Sánchez, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Le pido a la Justicia que haga justicia"
La situación judicial de Begoña Gómez entra en una nueva fasetras el cierre de la instrucción. La decisión sobre si finalmente se sentará en el banquillo ya no depende únicamente del juez Juan Carlos Peinado, sino de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá avalar los siguientes pasos del procedimiento.
El magistrado ha propuesto la apertura de juicio oral, pero esta decisión aún no es firme. Las partes tienen ahora la posibilidad de presentar alegaciones, y serán las defensas las que previsiblemente se opongan. Tras ese trámite, será el propio juez quien decida si abre finalmente juicio, una resolución que, con alta probabilidad, enviaría a Gómez al banquillo.
En caso de celebrarse, el juicio se desarrollaría ante un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos. La elección de ese jurado es uno de los factores que más puede dilatar el calendario, ya que este proceso puede prolongarse entre 12 y 24 meses. Así, los plazos apuntan, como pronto, a mediados del próximo año para el inicio de la vista oral.
A esta demora se suman otros elementos, como el colapso de los tribunales o los vetos que pueden ejercer tanto acusación como defensa sobre los miembros del jurado (hasta cuatro por cada parte y sin necesidad de justificación), lo que alarga aún más los tiempos.
El caso de Gómez se enmarca dentro de los delitos que deben ser juzgados por tribunal del jurado, donde las estadísticas reflejan un alto porcentaje de condenas: nueve de cada diez sentencias terminan declarando culpable al acusado.
Hechos investigados
Entre los hechos investigados figuran presuntas irregularidades en la obtención de patrocinios empresariales, su papel en negociaciones vinculadas al rescate de Air Europa, la creación de una cátedra universitaria en la Universidad Complutense, la recomendación de adjudicaciones públicas a empresarios afines y el uso de recursos públicos para fines privados.
También se analiza la financiación de proyectos vinculados a su actividad profesional, la relación con grandes empresas tecnológicas y energéticas, así como la creación de una sociedad para explotar un software desarrollado con recursos aportados por compañías privadas.
Con todos estos elementos sobre la mesa, el calendario judicial avanza, aunque con incertidumbre. La clave estará en los próximos meses, cuando se resuelvan las alegaciones y se determine si el caso da el salto definitivo al juicio oral.