El ovillo judicial que rodea al Gobierno en 2026: de la SEPI al caso Koldo, pasando por Aldama y Begoña Gómez
El nuevo año será muy intenso a nivel judicial para el Gobierno, con un esquema de casos cuyas ramificaciones dejan un complejo escenario.
El año 2026 trae un complejo escenario judicial en el entorno del Gobierno y del PSOE. Un entramado de causas, nombres y conexiones que se cruzan entre empresas públicas, contratos, rescates millonarios y supuestas tramas de influencia, y que ya es objeto de investigación por parte de la UCO, la UDEF y distintos juzgados.
Uno de los hilos más gordos del ovillo es lo relacionado con la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, convertida en uno de los focos más sensibles tras la apertura de diligencias por posibles amaños de contratos en empresas públicas estratégicas. Su expresidente, Vicente Fernández, ha comenzado el año imputado y con retirada de pasaporte, mientras los investigadores analizan abundante documentación incautada en entidades como Correos, Mercasa o Enusa. Su nombramiento conecta directamente con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo que añade un componente político a la causa.
Muy cerca de la SEPI orbita el caso Plus Ultra, todavía en fase de aclaración judicial, en el que se investiga el rescate de la aerolínea y el posible papel de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la operativa posterior. Ambos episodios quedan unidos por el uso de fondos públicos y por la intervención de la propia SEPI.
Desde ahí, el mapa se ramifica hacia otras investigaciones. Una de ellas es el caso de las cloacas, que apunta a supuestos sobornos y maniobras para desacreditar a fiscales anticorrupción y agentes de la Guardia Civil. En este punto aparece el nombre de Leire Díez, vinculada también al caso Hidrocarburos, donde se investiga al empresario con el que mantuvo contactos en el marco de esa trama.
Uno de los nudos del ovillo es Víctor de Aldama, el empresario que está presente en varias de las investigaciones abiertas. Desde él parten múltiples líneas: una hacia Santos Cerdán, que continúa investigado por presuntas mordidas vinculadas a contratos de Acciona a través de la empresa Servinavar; otra hacia José Luis Ábalos y Koldo García, encarcelados por la causa de las mascarillas, que el Tribunal Supremo prevé enjuiciar en primavera; y otra más hacia Ángel Víctor Torres, por su presunta intervención para agilizar contratos sanitarios en Canarias.
La red alcanza también al entorno más cercano al presidente del Gobierno. Una de las derivaciones apunta a Begoña Gómez, tras las declaraciones de Aldama sobre contactos relacionados con el presidente de Globalia. Desde ahí, el foco vuelve al rescate de Air Europa, un episodio que nunca llegó a investigarse judicialmente, pese a aparecer de forma recurrente en distintos sumarios y testimonios.
El esquema se completa con otras causas que avanzan en paralelo: la investigación sobre las cuentas del PSOE, conectadas con figuras como Ábalos, Cerdán y Koldo, y el caso del hermano del presidente, acusado de un supuesto "dedazo" que será juzgado este año.
Todos estos nombres y procedimientos, que van desde empresas públicas hasta tramas empresariales y familiares, confluyen en un mismo espacio político. Un entramado que dibuja un panorama judicial denso y en expansión, y que convierte 2026 en un año clave para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades y qué impacto tendrá este ovillo de causas en el Gobierno y en el PSOE.