Óscar López sustituirá a Escrivá como ministro de Transformación Digital y Función Pública

El actual jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López, sustituirá a José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Según ha confirmado Onda Cero, López ocupará el puesto vacante tras el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España.

El nuevo jefe de Gabinete será Diego Rubio, una persona de confianza del presidente Sánchez que pasa a ser clave en La Moncloa. Rubio era hasta ahora secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica y lleva en Presidencia desde el año 2020.

Óscar López fue secretario de organización del PSOE entre 2012 y 2014, estuvo al lado de Pedro Sánchez en su primera etapa, pero después se distanciaron hasta que el presidente lo recuperó en 2021 cuando Iván Redondo abandonó el Gobierno.

El nuevo ministro de Transformación Digital, licenciado en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Administración Pública y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, tendrá que hacer frente al nuevo despliegue de los fondos europeos para mejorar la digitalización de la economía española, así como llevar a cabo la modernización de las administraciones públicas.

Retos del nuevo ministro

Uno de los retos más inmediatos de López al frente de la cartera de Transformación Digital es la reordenación prevista para este mes de septiembre del espectro radioeléctrico, dado que la fusión entre Orange y MásMóvil, que ha dado origen a MasOrange, ha generado para la firma un excedente de frecuencias en la banda de 3,5 GHz, de la que tiene que desprenderse para cumplir las exigencias comunitarias.

Otra de las actuaciones previstas es dar un impulso definitivo al Programa Único-Banda Ancha, financiado por los fondos NextGenerationEU y que tiene como objetivo proporcionar servicios de banda ancha ultrarrápida a las zonas sin cobertura adecuada ni previsiones para su dotación a través de la concesión de ayudas a los operadores de telecomunicaciones y extender la cobertura del 5G.

En cuanto a las operadoras de telecomunicaciones, López se puede enfrentar al impacto en la opinión pública del ERE para 795 personas presentado por MasOrange pese a haberse comprometido previamente a preservar el empleo, lo que ha suscitado las quejas de los sindicatos, que no descartan buscar la mediación del Gobierno.

Este ajuste de plantilla, que afecta al 17% de sus empleados, se suma a los recortes llevados a cabo este año por Telefónica (3.421 empleados), Vodafone (898) y Avatel (674), con una afectación total cercana a las 6.000 personas, debido a causas como la caída de márgenes, el incremento de su deuda o las operaciones corporativas.

En materia de Función Pública, los sindicatos reclaman que el Gobierno apruebe cuanto antes una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades reales de personal de la Administración, que se elimine la tasa de reposición, y se cumpla el compromiso de reducir la temporalidad al 8% a finales de este año desde el 30% actual (el doble que en el sector privado).

Asimismo, piden un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, además de recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.

Otras de las reivindicaciones a las que deberá hacer frente López son culminar los procesos de estabilización en las administraciones públicas, implantar la jornada de 35 horas, el desarrollo de la Ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño de los funcionarios o la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para establecer en la normativa básica aspectos como la homogeneización de la promoción interna, la carrera profesional, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.