Méndez de Vigo reprocha a Puigdemont arrogarse un dinero de todos los españoles

Méndez de Vigo está convencido de que se cumplirán los requisitos acordados el pasado viernes por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para evitar que la Generalitat de Cataluña pueda hacer uso de dinero público con el fin de organizar una consulta el 1 de octubre.

Tras ese acuerdo que aumenta el control del Gobierno sobre las cuentas de la Generalitat y que fue anunciado por el ministro, Puigdemont, en una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, se dirigió a él para pedirle que el Gobierno devuelva dinero a Cataluña.

En concreto, pidió la devolución de los intereses que los catalanes han pagado para recibir el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), y el dinero que ha servido para rescatar a la banca, para las autopistas radiales de Madrid y para sufragar lo que denomina la "guerra sucia", así como todo lo que no se ha invertido en Cataluña pese a estar presupuestado.

1/6 Els euros públics dels catalans que han servit per sufragar la guerra bruta i han pagat informes falsos, ens els pot tornar, ministre? pic.twitter.com/rGkqWBfbuf

— Carles Puigdemont (@KRLS) 22 de julio de 2017

Méndez de Vigo ha calificado de "desabrida" la respuesta de Puigdemont, pero lo que le preocupa es la confusión que cree que existe en la Generalitat sobre lo que llaman el dinero de los catalanes.

"El dinero es de las personas. Los impuestos son de las personas. Los pagan las personas tanto si se generan en Cataluña o fuera de Cataluña. Por tanto -prosigue- esa idea de que aquí hay unos dineros que pertenecen a Cataluña y otros al resto de España es completamente errónea desde cualquier punto de vista, especialmente fiscal".

En esa línea, recalca: "Nadie puede arrogarse la propiedad de un dinero que no les pertenece".

El ministro reitera que de lo que se trata con la decisión adoptada el viernes es garantizar que ningún dinero destinado a cubrir servicios públicos de los catalanes se dedique a la celebración de un referéndum.

Insiste el titular de Educación, Cultura y Deporte en que no tiene la menor duda de que las personas que deben remitir al Gobierno los datos solicitados lo van a hacer porque son funcionarios y todos ellos "saben muy bien que la única obediencia debida es a la ley".

Ante el rechazo del líder del PSOE,Pedro Sánchez, al aumento del control decidido por el Gobierno sobre las cuentas de la Generalitat, Méndez de Vigo le pide coherencia.

Para él, en un momento en el que se está desafiando al orden constitucional, hay que defenderlo y apoyar todas las medidas que, como cree que es también la del viernes, pretenden mantener ese orden.

Subraya que está avalada tanto por el Tribunal Constitucional (después de que anulara los preceptos de la ley catalana que preveía una consignación para el referéndum ilegal), como por un informe de los letrados del Parlament y por un dictamen del Consejo de garantías Estatutarias de Cataluña.

"Esa es una línea recta de la legalidad que lleva a la decisión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y, por tanto, si como afirma el señor Sánchez están por el cumplimiento de la legalidad y el orden constitucional, esto también forma parte de esa legalidad", advierte el ministro.

Méndez de Vigo prefiere no entrar en especulaciones sobre lo que pasará el día 2 de octubre, la jornada posterior a la que la Generalitat pretende convocar el referéndum, y se limita a señalar que el día 1 de ese mes no habrá esa consulta porque es ilegal.

"Por tanto, el día siguiente será un día como los demás", recalca antes de garantizar la total disposición al diálogo por parte del Gobierno en todo momento con el fin de encontrar soluciones pero siempre dentro de la legalidad.

E insiste: "Como el referéndum no habrá tenido lugar el 1 de octubre, veremos el día 2 qué disposición hay al dialogo".

El ministro, que no concreta si para esa fecha el Gobierno baraja haber tenido que recurrir al artículo 155 de la Constitución (que supondría la suspensión de la autonomía), llama la atención sobre la continua pérdida de apoyo social por parte de los independentistas catalanes.

Fruto, según él, de que hay mucha gente en Cataluña que cree que las cosas hay que hacerlas respetando la legalidad.